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Crespo asegura que el Gobierno está comprometido en la lucha contra el fraude fiscal, “que perjudica a todos”

07/07/2014

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido hoy las nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal que se recogen en la Reforma Tributaria, entre las que se incluye la publicación de las listas de morosos con la Hacienda Pública, y ha asegurado que “este Gobierno está comprometido en la lucha contra el fraude en todos los aspectos, dado que tiene consecuencias nefastas para nuestra economía y para la sostenibilidad futura de las arcas públicas y perjudica a todos”.

Crespo ha recordado que la reforma tributaria incluye un paquete de medidas que completa la Ley Antifraude aprobada a finales de 2012, “la más ambiciosa de la democracia”, en la que ya se incluyó “la obligación de informar sobre cuentas, valores e inmuebles en el extranjero y la limitación a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones en que participen empresarios o profesionales”.

La reforma fiscal que ha preparado el Gobierno incluye una modificación del artículo 95 de la Ley General Tributaria para la publicación de listas de morosos con la Hacienda Pública. Es decir, según Crespo, se denunciará “a aquellos que se niegan de manera sistemática a pagar sus deudas fiscales”. Además, ha señalado, cada año se publicará la lista de paraísos fiscales y se impulsaran medidas para luchar contra el fraude fiscal internacional en el marco del Impuesto de Sociedades.

Papel de la Agencia Tributaria

Según la delegada, a las medidas que se adopten en el marco de la reforma fiscal se unirá un nuevo estatuto de la Agencia Tributaria que completara a ésta.

En este sentido, ha destacado que entre los objetivos fijados para 2014 por la Agencia Tributaria se encuentra “potenciar las líneas de colaboración con todos los organismos del Estado para buscar una mayor eficacia en la lucha contra el fraude tributario”, al tiempo que se continuará aumentando el papel de las Unidades de Auditoría Informática, centradas en la labor en la explotación de los sistemas informáticos internos de las entidades inspeccionadas, cuya actividad se ha triplicado en los últimos 3 años.

Además, de forma paralela, se ha reforzado la legislación contra los defraudadores, introduciendo modificaciones al código penal, que contempla un tipo agravado para el delito fiscal, por lo que la pena máxima aumentará hasta los seis años de prisión y amplía hasta los 10 años el plazo de prescripción de los delitos fiscales, con lo que da más tiempo para investigar cada caso.

Conciencia ciudadana

La delegada ha explicado que, por otra parte, “es muy importante la labor de concienciación y divulgación entre los ciudadanos, para que conozcan las consecuencias de un problema con el que perdemos todos: las administraciones públicas, que dejan de percibir ingresos con los que poner en marcha políticas que beneficien al conjunto de los ciudadanos, y las empresas y trabajadores, porque el fraude genera competencia desleal y desigualdad de oportunidades”.

Finalmente, la delegada ha expresado su sorpresa antes las críticas del Gobierno andaluz a una reforma que conlleva una rebaja fiscal media del 12,5 por ciento del IRPF, “que beneficiará especialmente a las rentas más bajas, las familias numerosas, los jóvenes y los emprendedores” y ha animado al ejecutivo andaluz a que, a su vez, baje los impuestos de su exclusiva competencia.