El Gobierno ha cumplido con todos sus compromisos

• Se ha impulsado la reforma y modernización de la Administración a través de las nuevas tecnologías.
• El diálogo con los agentes sociales ha permitido alcanzar el acuerdo Administración-Sindicatos.
• España se ha convertido en uno de los países más descentralizados del mundo.
• Los traspasos efectuados en este periodo han supuesto un coste de 17.845 millones de euros.
• Aprobada la Ley de medidas para la Modernización del Gobierno Local.

Los principales objetivos del Ministerio de Administraciones Públicas se han dirigido a conseguir un funcionamiento eficaz de todas las Administraciones teniendo como destinatarios a los ciudadanos, mejorando la gestión de los servicios públicos y a la consolidación del Estado de la Autonomías procurando la vertebración y cohesión territorial de España.

En este sentido, el Ministerio de Administraciones Públicas ha impulsado la reforma y modernización de la Administración Pública con el objetivo de dar una nueva orientación a los servicios públicos y establecer nuevos canales de comunicación con los ciudadanos, y ha contribuido a la configuración de un marco estable para la España de las Autonomías, mediante: la culminación del proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas y su equiparación competencial a través de la modificación de los Estatutos de las denominadas Autonomías de vía lenta, las del Art. 143; el aseguramiento de un modelo de financiación autonómica estable y duradero, y la construcción real y efectiva de la autonomía Local reconocida en la Constitución, que culminará con la segunda descentralización administrativa.

El Ministerio de Administraciones Públicas ha prestado especial interés, durante este periodo, al diálogo con los agentes sociales, fruto del cual hay que destacar el Acuerdo Administración-Sindicatos que contiene, como puntos prioritarios, el impulso y desarrollo del acuerdo marco de movilidad de los funcionarios, el plan de pensiones, la disminución de la temporalidad en el empleo público y el Convenio Único para el personal laboral.

Otras materias de singular relevancia en las que ha trabajado el Ministerio de Administraciones Públicas durante estos años están referidas a la mejora de la calidad de los servicios públicos que presta la Administración General del Estado, la progresiva implantación de la Administración Electrónica, la cooperación entre Administraciones, la formación continua de los empleados públicos con especial atención a las nuevas tecnologías y a los idiomas, la asistencia sanitaria a través de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, el desarrollo del nuevo modelo de Cooperación Económica Local del Estado, y a la constitución de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas.

Acuerdo Administración-Sindicatos

El Acuerdo Marco de Movilidad satisface una vieja demanda de los empleados públicos.

El Gobierno, mediante la actuación del Ministerio de Administraciones Públicas, ha impulsado a lo largo del ejercicio recién concluido un Acuerdo de Movilidad, que está en línea con el compromiso alcanzado en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos, de 13 de noviembre de 2002, para fomentar el intercambio voluntario de empleados públicos, tanto desde la Administración General del Estado hacia las Comunidades Autónomas como entre las Administraciones autonómicas que lo suscriban, a fin de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar y lograr un uso más eficiente de los recursos humanos.

Al cierre del ejercicio 2003 el Acuerdo Marco de Movilidad, una vieja demanda de los empleados públicos que ahora podrán ver satisfecha, ha sido suscrito por las Comunidades de Castilla y León, Galicia, Illes Balears, La Rioja y Valencia y la Ciudad de Ceuta. Está prevista en enero la firma con Canarias, Murcia, Madrid y la Ciudad Autónoma de Melilla, y se espera que durante el próximo año se incorporen otras Comunidades.

El Plan de Pensiones repercutirá favorablemente en más de medio millón de empleados de la AGE

La Ministra de Administraciones Públicas, Julia García-Valdecasas convocó la reunión de la Mesa de la Función Pública, en la que se llegó a un acuerdo con las organizaciones sindicales para la puesta en marcha del proyecto de Reglamento del Plan de pensiones para los empleados públicos, que contempla un presupuesto de 54 millones de euros en el ejercicio 2004, para el conjunto de los 521.058 empleados de las Administración Pública. En el desglose de estas cantidades, 25 millones corresponderán a los 253.266 empleados representados en la Mesa General, y el resto al colectivo de 267.792 empleados distribuidos entre Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, magistrados, jueces y fiscales. Dicho acuerdo, alcanzado por el Gobierno con las organizaciones sindicales para la modernización y mejora de la Administración Pública, establecía el compromiso de elaborar un Fondo de Pensiones para los empleados públicos, que estuviera operativo a partir de 2004.

El pasado día 22 de diciembre quedó constituida la Comisión promotora del citado Plan de Pensiones cuyo objetivo es la convocatoria, estudio y adjudicación, mediante concurso público, a la entidad gestora que le corresponderá la ejecución del citado Plan.

Convenio Único

El Convenio Único para el personal de la Administración General del Estado, firmado con los Sindicatos a finales de diciembre, constituye un elemento eficaz y válido para establecer un marco común y estable para el conjunto del personal laboral, que garantiza, entre otros aspectos, la paz social y la consolidación de un modelo de relaciones laborales, y permite, al mismo tiempo, el establecimiento de políticas homogéneas de Recursos Humanos.

La firma de este convenio -26 de diciembre de 2003- entre la Administración y los Sindicatos (el 98% de la parte social), permite prorrogar el periodo de vigencia del actual Convenio Único hasta el 31 de diciembre de 2004.

Temporalidad

Otro de los objetivos básicos de Administraciones Públicas ha sido la reducción de la temporalidad, con especial énfasis en la consolidación de empleo estructural. A lo largo del periodo considerado se ha mantenido esta política y se ha conseguido reducir la tasa de temporalidad de la Administración General del Estado hasta situarla en torno al 8%, porcentaje marcado como objetivo en el Acuerdo Administración-Sindicatos.

Reforma y Modernización de la Administración Pública

Modernización de la Administración

Prioridad destacada del Ministerio ha sido ha sido el impulso de la reforma y modernización de la Administración Pública, sobre la base de proporcionar una nueva orientación a los servicios públicos y establecer nuevos canales de comunicación con los ciudadanos. Las principales acciones de esta modernización están contenidas en el Plan de Choque para el impulso de la Administración Electrónica, habiéndose culminado las relativas a la sustitución de certificados en papel por certificados telemáticos, el Sistema de Notificaciones Telemáticas Seguras, las Oficinas Virtuales, el Portal del Ciudadano, y la Ventanilla Única Empresarial Virtual.

Plan de Choque para la Administración Electrónica

Este Plan permitirá cumplir con los compromisos asumidos por España con la Unión Europea en relación con el programa de acción eEurope 2005, y el desarrollo de servicios públicos en línea. El Plan de Choque promueve además la creación de un modelo común de Administración electrónica para la Administración General del Estado, en una doble dirección: mejorando por un lado los mecanismos de interrelación entre los Departamentos Ministeriales y eliminando actuaciones de los ciudadanos ante los mismos y, por otro, con el establecimiento progresivo de procedimientos a los que el ciudadano podrá acceder por vía electrónica sin necesidad de desplazarse.

Notificaciones Telemáticas Seguras

Piedra angular de este plan de choque es el sistema de Notificaciones Telemáticas Seguras. El Ministerio de Administraciones Públicas, a finales de octubre, hizo operativo dicho servicio, con el que podrá proporcionarse a cada ciudadano o empresa que así lo solicite una dirección de correo electrónico única en la que recibirá las notificaciones administrativas que voluntariamente hayan escogido, con el mismo valor jurídico que actualmente tienen las notificaciones “en papel”. Este servicio, fruto del convenio formalizado por el MAP y Correos, constituye un sistema personalizado, voluntario, confidencial, privado y seguro. La Agencia Tributaria y la Seguridad Social, las entidades públicas que expiden el mayor número de notificaciones al año, aproximadamente el 50%, y que son pioneras en el uso de las Nuevas Tecnologías, han sido los dos primeros organismos en adherirse a este Convenio.

Los diferentes Organismos y Departamentos de las Administraciones Públicas interesados podrán incorporarse a este Convenio y ofrecer los servicios de notificaciones que consideren a través del Portal del Ciudadano (www.administracion.es).

"Oficinas virtuales"

El compromiso del Gobierno de trasladar a los ciudadanos las ventajas de la integración de las Nuevas Tecnologías y avanzar en el desarrollo de la Sociedad de la Información, se ha plasmado con la puesta en marcha de 360 "oficinas virtuales" que harán posible el acceso gratuito a los contenidos y servicios públicos electrónicos, en tiempo real, como son la consulta de las ofertas de empleo público y privado, ayudas y subvenciones, y el envío del currículo profesional a estas ofertas. El Ministerio ha firmado un Convenio con la Fundación Universitaria de España, distribuido en tres fases, para la ubicación sucesiva de las oficinas -hasta mayo del próximo año- en Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Ministerios y Organismos, y oficinas de información de entidades locales que participan en el programa Ventanilla Única.

Ventanillas Únicas Empresariales

En esta línea, y como un ejemplo más de la importancia e interés mostrados por el Gobierno, plasmado en la cooperación del Ministerio de Administraciones Públicas con las otras Administraciones, cabe resaltar el avance producido en el desarrollo de las Ventanillas Únicas Empresariales, cuyo objetivo final es facilitar las relaciones entre los ciudadanos y la Administración. La consolidación de este programa ha permitido la creación de cerca de 17.000 empresas, que han generado más de 25.000 puestos de trabajo y atendido a 80.000 ciudadanos. En enero se continuará esta línea de actuación con la apertura de nuevas Ventanillas en Soria, Palencia, Logroño y Melilla.

El Estado de las Autonomías

El Estado de las Autonomías es hoy una realidad plenamente asentada. Acorde con las medidas puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular desde 1996, España es hoy uno de los países más descentralizados del mundo, con un modelo de organización territorial diseñado en la Constitución de 1978 que está alcanzado su plena madurez.

Está a punto de concluir el proceso de transferencias que culminará así el desarrollo de los Estatutos de Autonomía. Todas las Comunidades Autónomas están ya prestando servicios públicos tan fundamentales como la Educación y la Sanidad, que contribuyen de manera determinante a la calidad de vida.

Cumpliendo sus compromisos electorales para las Elecciones Generales de 1996, el Gobierno reformó los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas llamadas de “vía lenta” por medio de las Reformas de las correspondientes Leyes Orgánicas y siempre de modo consensuado con las fuerzas políticas y las propias Comunidades Autónomas, para equiparar el nivel de competencias de todas ellas.

Ha sido también fortalecida la cooperación, cohesión y corresponsabilidad entre todas las Administraciones, impulsando el papel de los órganos de diálogo y actuación conjunta, las llamadas Comisiones Bilaterales, y fomentado al mismo tiempo la prevención de conflictos competenciales mediante Cartas de Cooperación.

Conscientes de que el proceso de construcción europea ha supuesto una importante cesión de competencias en favor de las instituciones comunitarias, está planteado también el cómo garantizar adecuadamente la participación autonómica en la formación de la posición española ante las instancias comunitarias.

Se ha intensificado igualmente la cooperación internacional con administraciones de Estados Miembros de la Unión Europea y terceros países, a fin de promover la difusión de los logros de nuestro país como modelo de referencia en materia de organización territorial y fomentar el intercambio de buenas prácticas en la administración regional y local.

Por último, se ha impulsado el aprovechamiento del pacto logrado entre las fuerzas políticas y las Comunidades Autónomas para configurar un modelo de financiación estable, con vocación de permanencia, solidario, y guiado por el principio de corresponsabilidad fiscal y transparencia.

El proceso de traspasos nos sitúa entre los países modernos con un sistema más descentralizado

El modelo de organización territorial actual, surgido de la Constitución, es fruto de dos décadas de grandes pasos con el acuerdo explícito de las dos fuerzas políticas principales. Han sido llevados a cabo los grandes traspasos que atribuyen a las Comunidades Autónomas las políticas clave para la prestación de servicios públicos. El esfuerzo descentralizador de los últimos años ha sido intenso y ha equiparado las competencias de las Comunidades Autónomas de “vía lenta” (las del artículo 143 de la Constitución) con las que poseían las de “vía rápida”, que llevaban un cierto avance en el proceso.

A lo largo de estos ocho años de gobierno se han realizado 356 traspasos de competencias en materias de gran volumen de personal y coste, que han afectando a 342.303 efectivos, con un coste de 17.845 millones de euros.

En grandes números, durante el periodo 1996-2003, el personal al servicio de la Administración General del Estado ha pasado del 43% al 23,4%. Igualmente, en las Comunidades Autónomas las cifras han variado del 33,6% al 53%. En el mismo tiempo considerado, la participación en el gasto público de la Administración General ha pasado del 58,9% al 48,7%, y el de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales del 40% al 51,3%.

El Gobierno del Partido Popular ha realizado casi el 40% del total de los traspasos efectuados a las Comunidades Autónomas en términos de coste efectivo desde la promulgación de la Constitución. Destaca por su importancia el traspaso de la enseñanza no universitaria y el de los servicios sanitarios de la Seguridad Social gestionados por el INSALUD.

Únicamente quedarían por transferir: las políticas activas de empleo al País Vasco; los servicios de asistencia sanitaria y servicios sociales del Instituto Social de la Marina (ISM) a las cuatro Comunidades costeras del artículo 143 (Asturias, Baleares, Cantabria y Murcia) junto con Madrid y Andalucía; los de empleo y formación a Canarias, Galicia y el País Vasco; los medios materiales de Justicia a las Comunidades del artículo 143 excepto Madrid, y un pequeño número de traspasos de carácter residual.

Es la firme intención del Gobierno del Partido Popular proceder a la conclusión de estos traspasos con la mayor brevedad posible. El esfuerzo actual versa sobre la equiparación competencial entre todas las Comunidades Autónomas, manteniendo las competencias específicas derivadas de los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución.

Reducción de la conflictividad

El pulso del estado de las Autonomías se toma también en la baja conflictividad advertida, comportamiento que ha sido posible, fundamentalmente, por la consolidación de intensas relaciones de cooperación encaminadas a reducir la conflictividad y a la opción de utilizar la vía del diálogo como cauce para los acuerdos extraprocesales y evitar así la multiplicación de recursos de inconstitucionalidad.

Esta filosofía es una prueba más de la decidida apuesta del Gobierno por el diálogo y la cooperación con las Comunidades Autónomas. Los elementos tenidos siempre en cuenta han sido el intercambio de información, la discusión previa y la búsqueda de acuerdos, capaces de desarrollar armónicamente las competencias estatales y autonómicas.

En cuanto al tema del transfuguismo, durante el ejercicio concluido se ha dado un paso más en la idea de proporcionar la mayor confianza posible al ciudadano respecto a sus representantes electos. En esta línea, y tras la suscripción del Acuerdo en el Congreso de los Diputados para impulsar medidas legislativas contra el transfuguismo en las Corporaciones Locales (diciembre de 2002), ha sido presentada una proposición de Ley Orgánica que contiene, entre otras medidas: impedir la presentación de mociones de censura en los Plenos durante el primer año de mandato y el último; establecer que en las mociones de censura y para la elección de alcalde el voto sea nominal y público, y regular la figura del "no adscrito".

En julio de 2003, las fuerzas políticas manifestaron su voluntad de trasladar este Acuerdo del ámbito local al resto de las instituciones públicas (Congreso, Senado y Comunidades Autónomas).

Igualmente, durante 2003 se ha trabajado con el propósito de intensificar el proceso de Segunda Descentralización. A tal efecto, se han realizado los estudios necesarios para la determinación de las competencias susceptibles de descentralización de las Comunidades Autónomas hacia los Ayuntamientos y los problemas jurídicos, económicos y de gestión asociados a los mismos.

Aprobada la Ley de medidas para la Modernización del Gobierno Local

El Ministerio de Administraciones Públicas ha impulsado la elaboración y aprobación de la Ley de medidas para la Modernización del Gobierno Local, en base a la realidad actual que impone la necesidad de una puesta al día que contribuya a la modernización del Gobierno y de la administración del conjunto de las Entidades Locales.

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 27 de noviembre la citada Ley, que reforma la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Su entrada en vigor esta prevista para el 1 de enero de 2004.

Conferencia Sectorial

La última actuación institucional en el ámbito de la cooperación de García-Valdecasas durante el ejercicio ahora concluido, ha sido la creación de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, inspirada en dos conceptos básicos: el diálogo y la cooperación con todas las Comunidades Autónomas, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco político de las administraciones públicas, encaminados ambos al logro de unos servicios públicos eficaces y eficientes, órgano cuya constitución era una demanda constante de las Comunidades Autónomas.