Medidas y compromisos en la lucha contra el fraude (FEDER)
Información sobre los compromisos y medidas que ha adoptado la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local en la detección y lucha contra el fraude, y demás información de interés sobre la materia.
Declaración institucional
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local en materia de antifraude
La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, como Organismo Intermedio de la Autoridad de Gestión, se adhiere a la siguiente declaración institucional efectuada por Dirección General de Fondos Comunitarios (hoy, Dirección General de Fondos Europeos) en materia antifraude:
"La Autoridad de Gestión (AG) de los Programas Operativos del FEDER 2014‐2020 es una unidad integrada en la Dirección General de Fondos Comunitarios, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España.
Uno de los principales objetivos de cara a dicho período es reforzar, dentro del ámbito de sus competencias, la política antifraude en el desarrollo de sus funciones. Por ello, la AG quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de su equipo directivo asumen y comparten este compromiso.
Por otro lado, los empleados públicos que integran la AG tienen, entre otros deberes, “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).
El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, entre otras medidas, la AG dispone de un procedimiento para declarar las situaciones de conflicto de intereses.
Las funciones de la Autoridad de Gestión son asumidas por la Subdirección General de Gestión del FEDER, que cuenta a estos efectos con un equipo de evaluación de riesgos, para la revisión y actualización periódica de la política antifraude, así como el seguimiento de los resultados. También cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y gestores de procesos para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.
A partir de las verificaciones y los controles realizados en las fases previas por la AG, la Autoridad de Certificación dispone también, por su parte, de un sistema que registra y almacena la información precisa de cada operación para garantizar la fiabilidad y regularidad en relación con el gasto.
La AG ha puesto en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la experiencia obtenida en períodos anteriores y en la reciente evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto. Adicionalmente, cuenta con procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, bien a través de los canales internos de notificación bien directamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los informes se tratarán en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan esta materia.
En definitiva, la AG tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.
Esta política y todos los procedimientos y estrategias pertinentes cuentan con el apoyo del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, creado por Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre (BOE de 26), con el que revisa y actualiza esta política de forma continua.”
Canales de información y denuncia
La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local ha habilitado la siguiente dirección de correo electrónico para la atención de consultas genéricas o comunicaciones sobre las operaciones financiadas con fondos FEDER (2014-2020), en cuya gestión participe dicha Dirección General como Organismo Intermedio de Gestión: sgcl@correo.gob.es
Sin perjuicio de lo anterior, también existe un CANAL DE DENUNCIAS (comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos) establecido POR EL SERVICIO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTIFRAUDE de la IGAE.
Las entidades beneficiarias deben canalizar sus consultas o incidencias a través del canal específico habilitado en la aplicación Galatea.
Otras medidas adoptadas por este Organismo Intermedio.
- Código de conducta de los empleados al servicio del Organismo Intermedio.
- Banderas rojas que se tendrán en consideración en los procedimientos de verificación del gasto.
- Criterios sobre clasificación y procedimientos de actuación respecto a las irregularidades y sospechas de fraude en operaciones o proyectos que estén siendo objeto de un procedimiento judicial de carácter penal (establecidos por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude).
Noticias en lucha contra el fraude.
A raíz de la publicación en el Boletín Oficial del Estado pasado 21 de febrero de 2019, de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional, se ha modificado la redacción de los artículos 305 y 308 del Código Penal, que inciden especialmente sobre la gestión de ayudas procedentes de FEIE.
Según lo previsto en la LO 1/2019, la citada modificación entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
- COMISIÓN EUROPEA. “Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude (: Orientaciones para los Estados miembros y las autoridades responsables de los programas)”, 16/06/2014. (PDF · 134,65 KB)
- Orientaciones para los Estados... Anexo I - INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN (PDF · 41,88 KB)
- Orientaciones para los Estados... Anexo II - Controles atenuantes recomendados (PDF · 64,31 KB)
- Orientaciones para los Estados... Anexo III - PLANTILLA PARA LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (PDF · 21,68 KB)
- Orientaciones para los Estados... Anexo IV - Autoridad de Auditoría. (PDF · 21,94 KB)
- COMISIÓN EUROPEA "Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF" (Versión en inglés) COCOF 09/0003/00 of 18.2.2009 (PDF · 96,58 KB)
- COMISIÓN EUROPEA (OLAF). “Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las acciones estructurales (: Guía práctica para los responsables de la gestión)”, 12/11/2013. (PDF · 314,2 KB)
- COMISIÓN EUROPEA (OLAF). "Detección de documentos falsificados en el ámbito de las acciones estructurales (: Guía práctica para las autoridades de gestión.", 12/11/2013. (PDF · 2,39 MB)
- COMISIÓN EUROPEA (OLAF). "Compendio de casos anónimos. Acciones estructurales", OLAF/C2/JK/MN/LM/AB (PDF · 336,23 KB)
- SERVICIO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTIFRAUDE, IGAE, Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidades en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la UE. (PDF · 4,92 MB)
