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Medidas de Protección económica y compensación por pérdidas

Medidas de protección para empleados y autónomos

Trabajadores por cuenta ajena

Para paliar las consecuencias económicas de la catástrofe, se ha previsto la posibilidad de que las empresas afectadas por el volcán se acojan a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con ciertas particularidades.

Exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en caso de que la empresa vea totalmente impedida su actividad, y de hasta el 90% en caso de que esté limitada. Tras el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, la exoneración es del 90% de las cotizaciones en el caso de impedimento total de su actividad. Posteriormente el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, establece la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2022, de los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la situación de fuerza mayor temporal.
El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, establece la prórroga de los ERTEs hasta el 30 de junio de 2023. Para el caso de las unidades poblacionales de Puerto Naos y La Bombilla, se prevé la exoneración del 100% de las cotizaciones sociales en los ERTEs, cuyo devengo se produzca en los meses de enero a junio.
Exención de la obligación de las empresas de acreditar que han mantenido su actividad económica.
Reconversión de ERTES provisionales en ERTES por fuerza mayor temporal, recogidos en el artículo 47.5 del Estatuto de los Trabajadores, de manera automática y sin necesidad de efectuar ningún trámite adicional. Asimismo, se ha dispuesto que, durante este tiempo, los trabajadores afectados perciban la prestación de desempleo del nivel contributivo correspondiente, sin que con ello se consuman los períodos máximos de percepción a los que tengan derecho.

A fecha de enero de 2023, el número acumulado de trabajadores por los que sus empresas han aplicado exoneraciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social, derivados de los ERTE consecuencia de la erupción volcánica registrada en la isla de La Palma ha sido de 1.675. Por su parte, el importe de las exoneraciones alcanza, a fecha actual, la cifra de 3,6 millones de euros.

Con carácter adicional, se ha aprobado la concesión directa de una ayuda valorada en 1.100 euros a cada persona que se ha acogido a un ERTE, financiada a cargo del Plan Extraordinario de Empleo y Formación de La Palma y gestionada por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.

Trabajadores por cuenta propia

Se han previsto tres tipos de ayudas en función de la manera en que la erupción ha afectado a su actividad económica:

Prestaciones por cese de actividad para los autónomos que se vean obligados a parar su actividad como consecuencia de la erupción, con la consideración del periodo como cotizado.
Prestaciones extraordinarias para autónomos afectados por una suspensión temporal de la actividad decretada por la Administración.
Prestaciones extraordinarias para autónomos que vean afectadas sus actividades debido a los daños ocasionados por la erupción, con la posibilidad de compaginar la prestación con el trabajo por cuenta ajena.

En todos estos supuestos, el importe de las ayudas puede ascender hasta el 70% de la base de cotización, y el periodo durante el cual se recibe la prestación, ampliado hasta el 30 de junio de 2023, computa como cotizado.

A fecha de enero de 2023, se han registrado 1.333 solicitudes de prestación por cese de actividad para autónomos, de las cuales 1.201 han sido aprobadas. El importe correspondiente a las ayudas asciende a 6,5 millones de euros.

Asimismo, a fecha actual (enero 2323) continúan percibiendo prestaciones 382 autónomos.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida el trabajador autónomo está exonerado de la obligación de cotizar a la Seguridad Social.

Según los últimos datos disponibles, el importe de estas exoneraciones ha alcanzado los 793.437,27 euros.

Medidas de flexibilización en materia contractual y tributaria

Se han previsto distintas medidas en este ámbito:

La disposición excepcional de los derechos consolidados de sus planes de pensiones. En total se han rescatado 127 planes de pensiones, por un importe total de 670.883 euros.
La moratoria en el pago de sus préstamos y créditos hipotecarios y no hipotecarios por un plazo de seis meses, posteriormente ampliado en otros seis, y nuevamente por otros tres meses adicionales para aquellas personas que ya se estuvieran beneficiando de la misma. Asimismo, teniendo en cuenta la situación especial de Puerto Naos y la Bombilla, se ha permitido, desde finales del mes de septiembre de 2022. que las personas afectadas que no se acogieron en su momento a esta medida, puedan hacerlo por un periodo de 6 meses. La cifra de moratorias de préstamos hipotecarios y no hipotecarios concedidos hasta la fecha asciende a 3.312, con un saldo pendiente de 135,4 millones de euros. Recientemente, el Real Decreto-ley 207-2022, de 27 de septiembre, ha permitido una nueva prórroga por un plazo adicional de 6 meses.

La suspensión de los plazos normativamente previstos para ejercer el derecho de desistimiento de los contratos o de la devolución de bienes adquiridos, así como la exoneración del cumplimiento de contratos cuyo objeto ha decaído por la erupción, como los servicios de limpieza o la entrega de suministros. Hasta la fecha, se han resuelto o suspendido temporalmente 5.523 contratos de energía, de los cuales 3.648 permanecen aún de baja.

También se han adoptado medidas de flexibilización en materia tributaria. La administración estatal y la autonómica, en el ámbito de sus respectivas competencias, han previsto:

Exenciones, deducciones y bonificaciones en el pago de los impuestos sobre (i) bienes inmuebles, (ii) actividades económicas, (iii) transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y (iv) sucesiones y donaciones, así como en (v) el Impuesto General Indirecto Canario, (vi) el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), (vii) el Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías y (viii) la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar. Asimismo, se ha dispuesto el mantenimiento del derecho a las deducciones autonómicas en el IRPF vinculadas con la vivienda habitual, a pesar de haber sido destruida por la lava.

En el caso de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, se aprobó la exención para el ejercicio 2021, y se ha anunciado la próxima aprobación de la exención para el ejercicio 2022.

Ampliación del plazo para la presentación de autoliquidaciones de deudas tributarias y para el vencimiento del pago de las deudas aplazadas o fraccionadas, así como aplazamiento de las deudas que se encuentran en periodo ejecutivo.

A fecha actual, enero 2023, se han concedido 432 aplazamientos de deudas tributarias, que afectan a 300 contribuyentes, por un importe cercano a los 667.975,65 euros, y se ha exonerado al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane del pago del IBI por un monto que asciende a 943.000 euros

Exención de tasas de la Jefatura Central de Tráfico en concepto de tramitación de bajas de vehículos o la expedición de duplicados de permisos de circulación o conducción destruidos o extraviados, y de la Dirección General del Catastro en concepto de expedición de certificaciones de inmuebles ubicados en municipios directamente afectados por la erupción.

Se ha introducido una modificación en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades, para eliminar la obligación de tributar por los importes recibidos en concepto de ayudas públicas por la destrucción de elementos patrimoniales.

Medidas de compensación por pérdidas económicas

Medidas de compensación agrícolas

Las administraciones han tenido muy en cuenta el relevante papel que desempeña el sector primario en la economía de La Palma. Por ese motivo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha transferido al Gobierno de Canarias 18,8 millones de euros que, junto con los 10 millones adicionales que se prevé abonar ,y una aportación adicional del Gobierno canario de cerca de 500.000 euros, están destinados al apoyo de la agricultura, la pesca y la ganadería, a través deayudas directas a explotaciones agrícolas y ganaderas para compensar los daños sufridos en aprovechamientos que no están cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, ayudas a armadores y tripulantes de barcos pesqueros que compensen los perjuicios económicos ocasionados por la imposibilidad de faenar, así como inversiones para restaurar infraestructuras rurales de uso colectivo, como caminos o conducciones de regadío.

A fecha de enero de 2023, han llegado a sus beneficiarios 16,4 millones de euros a favor de 3.716 productores de productores de plátano agrupados en 6 asociaciones, y 1,14 millones de euros para trabajadores del sector pesquero y anadero, y otros cultivos que no son el plátano.

Además, se ha previsto financiar con 2 millones de euros campañas de publicidad institucional que fomenten el consumo de los productos agrarios o pesqueros afectados por la erupción

También se han destinado 2 millones de euros a la financiación de la comisión de estudio y del aval necesarios para que titulares de explotaciones e industrias agroalimentarias accedan a las líneas de financiación de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

Finalmente, cabe destacar que, tras la petición formulada por el Gobierno de España, la Comisión Europea ha eliminado temporalmente los requisitos para la obtención de ayudas del programa POSEI para productores de regiones ultraperiféricas, de tal forma que los agricultores palmeros ya no necesitarán comercializar el 70% de sus plátanos para acceder a los incentivos de la UE

Medidas de compensación a resto de sectores económicos

El Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de las empresas y los autónomos cuya actividad se ha visto paralizada de forma total y continuada una línea de subvenciones para compensar la pérdida total de ingresos. El importe de esta ayuda es variable en función del volumen de facturación, con un máximo de 45.000 euros, y puede volver a solicitarse en el caso de que la paralización económica persista tres meses después de la firma de la primera resolución favorable.

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