El Gobierno de España destina a La Rioja más de 14,5 millones de euros para el desarrollo de Políticas Activas de Empleo en 2025
22/05/2025
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales
• Por primera vez se priorizan fondos para la formación en algoritmos, inteligencia artificial, prevención de riesgos frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos
El Ministerio de Trabajo y Economía Social y las comunidades autónomas han aprobado en la celebración de la LXXXVI Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales la distribución a La Rioja de 14.564.614 euros para dotar las Políticas Activas de Empleo (PAE) de 2025 en la comunidad autónoma.
Esta inversión presupuestaria permitirá gestionar los programas de empleo y formación para el trabajo, que le corresponda normativamente, y estén consignados en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Además, incorpora un marco de financiación plurianual hasta el año 2029 para dar continuidad a la ejecución de las políticas activas de empleo y proporcionar estabilidad al Sistema Nacional de Empleo.
Nuevas prioridades de formación
Respecto a la formación para el trabajo, estos fondos financiarán la formación en alternancia, la formación con compromiso de contratación, la ligada al diálogo social y la negociación colectiva, así como las convocatorias de formación de oferta para ocupados cuando estas acciones formativas no estén ligados a los certificados profesionales y estén vinculadas al Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo.
Las subvenciones destinadas a financiar la formación en materias relativas al diálogo social y la negociación colectiva, estos fondos, entre otras cuestiones, servirán para priorizar la formación en materia de algoritmos o sistemas de inteligencia artificial en atención al derecho de los representantes de las personas trabajadoras previsto en el artículo 64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores, o en materia de negociación de protocolos de actuación relativos a medidas de prevención de riesgos frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos, previsto como contenido de los convenios colectivos por el artículo 85.1 del mismo texto legal.