Transcripción
Rodríguez Uribes ha presidido una reunión para abordar respuestas coordinadas entre las Administraciones Públicas y el Poder Judicial ante los casos de desahucios que afectan a grupos y familias vulnerables
Buenos tardes a todas y a todos.
Yo creo que la reunión ha probado que teníamos una buena idea convocándola, modestia aparte. Nos parecía que en un tema tan sensible en muchas ciudades de España, pero muy especialmente en la ciudad de Madrid, y en la Comunidad de Madrid, los dramáticos desahucios que afectan a personas y a familias vulnerables, yo creo que merecían esta reunión que supone el arranque de una voluntad de cooperación y de diálogo de las administraciones públicas competentes en materias de vivienda, como saben, fundamentalmente, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en relación con el Poder Judicial, Abogacía del Estado o Fiscalía. Han estado todos representados aquí. Yo creo que eso ha permitido un diálogo abierto, franco, que ha puesto en común los diferentes puntos de vista y que nos debe permitir ofrecer información para ajustar lo mejor posible las respuestas en estos casos.
La Delegación del Gobierno, como ustedes saben, no tiene competencia en materia de vivienda pero sí le preocupa, como representante del Gobierno central en esta comunidad autónoma, todas estas situaciones. Creo que es importante distinguir bien los casos, eso también lo hemos tratado de señalar, actuar con detección temprana para que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid puedan dar una respuesta a esa exigencia, que es también del Derecho Internacional, de Naciones Unidas, de una alternativa habitacional, que incluso podamos conocer cuando eso se ha producido y también la respuesta de la propia persona afectada, es decir, que haya una información suficiente para que al final la decisiones que se tomen sean decisiones no solo legales sino también justas en la medida de nuestras posibilidades.
Por supuesto hemos expresado la colaboración absoluta, como no puede ser de otra forma en un estado de derecho, con el Poder Judicial, las sentencias de los tribunales en esa función jurisdiccional que les concede la Constitución de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado deben cumplirse, eso nadie lo pone en duda, pero nos parecía que es bueno que las administraciones públicas nutran de información a los jueces para que cuando toman las decisiones tengan todo el conocimiento del caso, también de las situaciones concretas familiares, sociales, personales, de las personas afectadas, y al tiempo, que los tribunales puedan reclamar esa información a las administraciones públicas.
De eso se trata esta reunión. No era tanto sobre cuestiones de contenido material, de política de vivienda, sino de establecer esos canales, esos cauces de comunicación, de cooperación y de coordinación entre las administraciones públicas y el Poder Judicial. Hemos hablado básicamente de eso, y la Delegación del Gobierno se ha puesto a disposición de las administraciones públicas y del Poder Judicial para seguir haciendo de canal de comunicación entre ellas, si es menester.
Hay un convenio que se va a firmar próximamente que también esperamos que se pueda desarrollar, donde también daremos cuenta al Ministerio de Justicia, quizá, para establecer una adenda si lo estima oportuno el Ministerio, la ministra, que permita también esa fluidez de comunicación en relación con los mandatos de Naciones Unidas y que, también, Naciones Unidas esté informada de lo que se hace en España, en Madrid y en la Comunidad de Madrid, en relación con las situaciones de desahucios sociales, y que, por tanto, toda esa situación de información compartida nos permita a todos actuar en el marco de nuestras competencias de la mejor forma posible para evitar o para subsanar situaciones dramáticas en este ámbito de la vivienda.
Creo que hago un resumen, con esto, suficiente pero estoy a su disposición por si quieren hacerme alguna pregunta.
P. Sobre el convenio que se va a firmar.
R. Es un convenio que se viene celebrando, realizando, el Consejo General del Poder Judicial con las comunidades autónomas y con las federaciones de municipios y provincias en toda España. Todavía no se había celebrado en Madrid. También, con esta reunión, mi voluntad era empujar esa firma que tiene tres actores: el Consejo General del Poder Judicial, que va a hacer una tarea también de sensibilización de los jueces, de la formación de los jueces y de trabajar por esa idea de la detección temprana, la Comunidad de Madrid, como administración fundamental competente en materia de vivienda, y la Federación de Municipios de Madrid, donde también está la Comunidad de Madrid, para ampliar a ese ámbito todas las posibles respuestas en esa materia.
Es un convenio de coordinación, de cooperación y de información que hay que poner en marcha, que hay que firmar cuanto antes. Hemos sugerido la posibilidad de incorporar esa proyección internacional para que haya comunicación también con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, para que esa información se produzca. Lo que animamos desde la Delegación del Gobierno es que se firme cuanto antes y que nos pongamos todas a trabajar para evitar esas situaciones dramáticas.
P. Si se va a recoger el papel de las distintas policías en el contenido del convenio.
R. No. Esto está fuera del convenio. Forma parte de ejecutar lo juzgado, de la definición de la función jurisdiccional. Ya saben que yo ahí quizá tenga una posición minoritaria, aunque yo cuanto más la pienso más me parece justificada, que es que, tampoco estaría de más, pero es verdad que es una decisión que compete a los jueces, y por tanto la separación de poderes y la independencia judicial me impide ir más allá de la reflexión, creo que tiene sentido, como una de las tareas que tenemos que hacer, distinguir bien los distintos casos que se producen en materia de desalojos y de desahucios.
No es lo mismo una situación de vulnerabilidad social y familiar que una situación delictiva. Es evidente. Por tanto mi propuesta, que sigue estando ahí, pero no pasa de ser una propuesta, es que la Policía Nacional, la Guardia Civil, que tiene por definición unas competencias en el combate contra los delitos y la preservación de los derechos y libertades de los ciudadanos y del orden público, pues se ocupan fundamentalmente de perseguir las situaciones delictivas: narcopisos, organizaciones criminales, trata de personas, etc., y que quizá podría tener más sentido que la ejecución de las sentencias en el ámbito de estos desahucios de carácter social, la pudieran hacer las policiales municipales con el Samur social para, en todo caso, más allá de la sentencia, poder continuar la atención y la comunicación con esas familias después de la sentencia. No olvidemos que hay una dimensión de alternativa habitacional.
Luego, también, porque creo que hay una cuestión que tiene que ver con el uso proporcional de la fuerza. A veces valorar bien no crear un mal mayor creo que es una responsabilidad de todos y muchas veces no parece que tenga sentido que para hacer un desalojo de una familia que debería tener una solución de carácter social pues esté la UIP, los antidisturbios. Me parece que hay una desproporción. Pero eso no deja de ser mi opinión como delegado del Gobierno, que no se si va tener mucho éxito, como les digo, pero que creo que está justificada y que además ayuda a no aumentar un problema sino a rebajar muchas veces la tensión que pueda haber con colectivos sociales que acompañan esas situaciones.
Lo hemos hablado. Lo hemos hablado pero no hemos acordado nada, entre otras cosas, porque es una decisión que compete a los jueces en su estricto poder jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Piensen que la policía nacional o la policía municipal cuando participa en estos desahucios actúan como policía judicial, no como policía gubernativa. No recibe una orden del delegado del Gobierno, sino que recibe una orden, una sentencia de los jueces. Por lo tanto es a los jueces a los que compete esto. Yo he lanzado esa idea porque se trataba también de aportar puntos de vista e impresiones para mejorar la respuesta, hacerla más proporcional y sobre todo para rebajar todas las dimensiones que tiene de tensión social y de conflicto social.
La reunión tiene un valor per se porque, por primera vez que yo sepa, si no que alguien me corrija, nos hemos sentado la Administración General del Estado, la Delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid, con su vicepresidente a la cabeza, el Ayuntamiento de Madrid, con la alcaldesa de Madrid, y jueces, fiscales, Abogacía del Estado, es decir, todos los actores que participan en los distintos momentos de un procedimiento que puede terminar en procedimiento judicial de desahucio. Por tanto, sentarnos alrededor de una mesa- hemos estado casi dos horas, como saben ustedes- para aportar los puntos de vista, la experiencia propia de cada uno… Es verdad que el delegado del Gobierno no tiene competencia en materia de vivienda, pero sí tiene esa función que le otorgan las leyes de coordinar, de facilitar la cooperación entre administraciones. Y eso es lo que hemos hecho en esta reunión.
Además de la reunión, existe un convenio, que no es un convenio nuevo aunque no se ha firmado todavía. En Madrid sí es nuevo, no es un convenio nuevo en España porque hay ya comunidades autónomas que lo han firmado y que versa fundamentalmente en establecer canales de información y de comunicación entre el Poder Judicial, Abogacía del Estado y Fiscalía y las administraciones públicas, las consejerías correspondientes de Vivienda y de Justicia para conocer las situaciones concretas que se van produciendo antes de que llegue la sentencia y poder dar una respuesta social, justa, a esos casos que afectan a familias vulnerables.
En realidad, esta iniciativa la he tomado por la propia experiencia mía de estos siete meses, que muchas veces nos hemos encontrado, por la información que me da la policía, ante un desahucio en donde de pronto se conoce, en el momento en que se va a ejecutar, pues que hay niños, que hay una persona enferma... Yo creo que eso tenemos que saberlo todos antes para evitar que se resuelva en ese momento, a las seis de la mañana, cuando tiene que actuar la policía porque recibe un mandato judicial. Nuestra obligación es conocer todo previamente para tomar una decisión preventiva, temprana, que asegure una respuesta justa. Esta es la voluntad de este convenio y la voluntad de esta reunión o de la iniciativa de esta reunión.
P. Valoración del fin de la huelga del taxi.
R. Hay una valoración, que voy a hacer con toda la prudencia del mundo, porque me parece que los taxistas, más allá de haber cometido algunos excesos al principio de la huelga, en relación con el ejercicio de la huelga o del paro patronal, es un colectivo que merece respeto. Nosotros desde la delegación del Gobierno hemos tratado desde el minuto uno de actuar con determinación para garantizar que ese derecho de huelga fuera compatible con los derechos de los ciudadanos y actuar con templanza. Yo creo que la decisión que tomamos el lunes pasado de sacar los más de mil taxis que había en la Castellana, por cierto, con la colaboración de la policía municipal, con las multas de tráfico, que tendremos que ver qué recorrido tienen, y con la actuación de las grúas, pero también con la colaboración de la Policía Nacional para garantizar el orden público, pues fue decisivo. Yo creo que ahí también lanzamos un mensaje. El derecho de huelga que está en la Constitución y que es un derecho fundamental no puede suponer colapsar la ciudad de Madrid. Es un mensaje para el futuro, para cualquier colectivo que tiene el derecho a manifestarse, a concentrarse. La Delegación del Gobierno, además, autoriza todos los días numerosísimas concentraciones pero lo hace en el marco de la ley y teniendo en cuenta los derechos de los ciudadanos.
Ha habido muchas cosas, como ustedes saben. Desgraciadamente todavía hay un herido por una situación lamentable. Hubo detenidos, ha habido sanciones de la guardia civil de tráfico cuando se produjo la ocupación de la M-40, que se están tramitando. Seguramente ha habido sanciones por parte del Ayuntamiento de Madrid en relación con la ciudad y con la movilidad, pero no me corresponde a mí decirlo. Y se va a abrir un expediente, como no puede ser de otra forma, en aplicación de la ley, sancionador, en relación con aquellas concentraciones o manifestaciones que realizaron los taxistas al margen de la autorización legal. Hicieron unas dentro de la ley pero otras no las hicieron dentro de la ley. Entonces lo que vamos a hacer a es estudiar esas situaciones a partir del informe que nos facilite la Policía Nacional, detallado, que se estudiará en esta casa, y que como se hizo en relación con la ocupación de la Castellana durante el verano, pues se tomarán las decisiones oportunas desde el punto de vista sancionador, económico, administrativo.
P. Sobre el accidente de una avioneta
R. Guardia Civil, Juzgado y la Policía Judicial están investigando y no puedo añadirles nada más.
Una política que llevamos en esta Delegación desde el principio es tratar de conocer directamente de primera mano a través de los vecinos de los barrios y distritos de Madrid y de los 179 pueblos de la Comunidad de Madrid, su punto de vista en relación con la convivencia en sus barrios y con la seguridad, más allá de los datos que tenemos de Policía y de Guardia Civil. Yo creo que esas reuniones que celebramos casi todas las semanas con distintos colectivos vecinales que ponen en común lo que es la seguridad objetiva de los datos de criminalidad de cada barrio, de cada pueblo, con la seguridad subjetiva que es la percepción que ellos tienen, pues es muy bueno para todos. Bueno para el delegado que conoce también la percepción de los ciudadanos y también para los propios ciudadanos que conocen la información que les facilita la Policía y Guardia Civil. Y creo que son reuniones, unas veces aquí en la Delegación y otras en el barrio o pueblo correspondiente, para hablar, conocer y escuchar de primera mano las impresiones de los vecinos.
P. Sobre la vinculación de las resoluciones de Naciones Unidas en esta materia.
R. La doctrina no es pacífica sobre el tema. Hay discrepancias, es verdad. Si uno habla con un jurista de Derecho Internacional pues le va a decir que claro que las resoluciones de Naciones Unidas son vinculantes. Es verdad que si uno habla con un jurista más clásico, formalista, legalista, pues le dirá que no son vinculantes. Yo creo que hay una forma de salvar eso, que tiene que ver con esta reunión que hemos celebrado, y que tiene que ver con el convenio si se implementa bien. Y es que como lo que pide Naciones Unidas es que antes de sacar a una persona de su casa, por un impago de renta, que además puede estar vinculado a la pérdida del empleo, por una situación de crisis económica personal o social, es que se ofrezca una solución habitacional, la vinculación se produce ahí. Es decir, si somos capaces antes de que se dicte la sentencia y se ejecute, de que se conozca esa situación y las administraciones competentes puedan ofrecer una solución habitacional hemos resuelto el dilema. Es vinculante en el sentido de que hemos hecho caso a Naciones Unidas y lo hemos hecho antes de que se produzca la sentencia. Es verdad que un juez puede decir yo tomo la decisión en mi estricta función jurisdiccional y no me vincula, pero yo creo que, como Estado, los poderes del Estado, también el Poder Judicial, todos debemos atender las peticiones de Naciones Unidas. Por cierto, también una de las sugerencias que han salido aquí, de los planteamientos que hemos hechos, es que Naciones Unidas también conozca, que parece que no se produce la información en esa dirección, la realidad de las políticas de vivienda en España, que se conozca lo que se hace, porque es verdad que si no se conoce, difícilmente se va a tener un juicio completo de la situación. Y por tanto también creo que nos debemos obligar como Estado, en las distintas administraciones, para facilitar -la Abogacía del Estado se lo ha solicitado a la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid no va a tener inconveniente para poder trasladar a Naciones Unidas lo que se hace en España en materia de vivienda. Pero creo que esa es la forma de salvarlo, y de atender las peticiones de una organización a la que pertenecemos, y que hemos firmado los pactos de derechos civiles y políticos y los pactos de derechos económicos y sociales. Por tanto, yo creo que hay que tomarse muy en serio lo que dice Naciones Unidas.
P. Si ha habido algún avance sobre qué tipo de policía se debe enviar para ejecutar una sentencia de desahucio.
R. No ha habido ningún avance porque es responsabilidad estricta, intransferible, de cada juez. Por tanto, los jueces van a decidir si para ejecutar una sentencia de desahucio envían a la policía nacional o envían a la policía local. Yo he hecho un planteamiento que me parece que es racional. Yo creo que la Policía Nacional, repito, como la Guardia Civil, debe de estar para combatir los delitos y, por tanto, también, cuando se producen en el ámbito de la viviendas -ocupaciones mafiosas, narcopisos, pisos donde se produce trata de personas- y creo que es más ponderado -pero esta es mi opinión- que la policía municipal se ocupe, con el Samur social, de otro tipo de desahucios donde hay una componente de personas vulnerables, menores, personas con discapacidad, etc. Yo creo que ahí el papel de la policía municipal sería mucho más acorde con ese uso proporcional de la fuerza. Pero en todo caso esta es mi opinión, que no pasa de eso. Yo la he expresado con mucho respeto. Por tanto, de esto no se deriva ninguna orden por mi parte a la policía. Al contrario, la Policía Nacional tendrá que obedecer lo que los jueces les diga, como no puede ser de otra forma en un Estado de Derecho, porque además actúan como policía judicial. Mi deseo es ese reparto de papeles, pero no depende de mí sino de lo que digan los jueces que tienen la discrecionalidad y la libertad para decidir si va policía municipal o va policía nacional.
Si ustedes observan los casos que se van produciendo hay de todo. Hay situaciones en las que los jueces envían a la Policía Municipal junto con la comisión judicial y en otras ocasiones va la Policía Nacional. A mí me parece que ese criterio es positivo porque preservamos a la Policía Nacional para las cuestiones graves de orden público y de delitos en ese ámbito. Pero bueno, no pasa de ahí. Esa es mi posición pero que quede claro que la decisión es una decisión estrictamente judicial.
P. Sobre las oficinas de información que plantea el Ayuntamiento de Madrid.
R. En el convenio no están. Como hemos dejado abierta la posibilidad de hacer adendas al convenio, porque esta reunión ha sido fructífera en relación con ideas que se han planteado, unas están y otras no, esa no está. En lo que se ha quedado es en que la jueza decana de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial van a valorar la posibilidad de que haya oficinas de ese tipo. No ha habido un sí, pero se va a estudiar. Entonces vamos a ver si eso es factible o hay otra fórmula que, en todo caso, permita garantizar el espíritu del convenio, que la información fluida, rápida, que permita la detección temprana de estas situaciones para que no lleguemos al desahucio y a una situación que de pronto todo el mundo nos lamentemos porque no se haya resuelto previamente. Yo creo que la idea del Ayuntamiento es esa, que haya unidades de información en los juzgados, pero quien tiene que decidir al final será el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso en Madrid, la jueza decana si ve oportuno o no eso. Pero eso se ha quedado como una propuesta o una idea que se estudiará y se decidirá.
Muchas gracias.