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Delegación del Gobierno, TSJ, Federación de Municipios e Instituciones Penitenciarias se unen para impulsar el cumplimiento de penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad

28/05/2009

González Tovar destaca el carácter de reeducación y reinserción de éstas y su utilidad pública

Murcia, 28 de mayo de 2009.- Esta mañana se ha celebrado un encuentro entre el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, el presidente de la Federación de Municipios, Miguel Ángel Cámara Botía, el presidente y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Juan Martínez Moya y Manuel López Bernal, y la subdirectora general de Coordinación Territorial , de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Carmen Archanco López-Pelegrín, con el fin de impulsar la oferta de plazas por parte de los Ayuntamientos de la Región de Murcia para cumplimiento de penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad.

González Tovar ha informado que dichos Trabajos, contemplados en el Código Penal, deben consistir en actividades laborales constructivas, útiles y públicas, no están remuneradas aunque los que las ejercen son dados de alta en Seguridad Social por parte de Instituciones Penitenciarias y no deben sustituir puestos de trabajo ni suponer una competencia con el mercado laboral. Además, deben compaginarse con las obligaciones laborales de quién cumple la medida y tienen una duración determinada.

Con ellos se pretende reparar daños causados por infracción penal, singularmente con la asistencia directa a las víctimas, como puede ser el caso de apoyo o asistencia a determinadas personas por parte de quienes han cometido infracciones de tráfico, o de forma genérica colaborando en el interés general: conservación medioambiental, cuidado de personas mayores y dependientes, etc.

El delegado del Gobierno ha señalado que cada día alcanzan mayor importancia las medidas alternativas a las penas de prisión, ya que los Trabajos en Beneficio de la Comunidad han demostrado ser muy útiles para conseguir el objetivo de reeducación y reinserción social de aquellas personas que tienen determinadas sanciones penales, lo cual es uno de los mandatos de nuestra Constitución.

Ha destacado que las infracciones que están siendo sancionadas con esta medida son de carácter leves, muy frecuentemente relacionadas con la seguridad vial, por lo que el perfil del infractor es de una persona normalizada e integrada en la sociedad.

Ha indicado que con este tipo de trabajos la persona que ha cometido la infracción penal hace algo provechoso y necesario y, en lugar de tener una situación pasiva, se convierte en un trabajador al servicio de otros, dedicando parte de su tiempo a una finalidad de utilidad pública. Además, es una medida igualitaria, pues frente a otras sanciones, como puede ser una multa, las personas que cumplen con estos trabajos no dependen de su capacidad económica.

Entre otras ventajas ha añadido que dichas actividades se cumplen en libertad, evitando la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado y además tienen una gran importancia para la comunidad por su finalidad restitutiva al tiempo que es ejemplarizante e integradora, y por la promoción de valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común.

También ha indicado que en los últimos años han aumentado de forma significativa las condenas consistentes en estos Trabajos, por lo que se precisa crear nuevas plazas para atender a la demanda actual, para lo cual sería preciso que los Ayuntamientos ofrecieran mayor número de plazas para llevar a cabo estas actividades.

Por una parte los Ayuntamientos se ocuparán de la gestión de los trabajos, asesoramiento, seguimiento y asistencia de los penados, al tiempo que Instituciones Penitenciarias llevarán a cabo funciones de supervisión.