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El Gobierno de España destina más de 400.000 euros para acogida e integración de los inmigrantes en Melilla

04/07/2011

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración, acordó el pasado mes de marzo destinar a Melilla 432.497 euros para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes, así como de refuerzo educativo. Mediante este acuerdo se atiende al convenio de colaboración suscrito en 2005 entre el Ministerio de Trabajo y la Ciudad de Melilla, cuya prórroga aparece recogida en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado 2 de julio. El coste total de las actuaciones de este acuerdo es de 617.853 euros.

El convenio es el resultado del marco de cooperación para la gestión del Fondo de Integración examinado en la reunión del 22 de febrero de 2011, de la Conferencia Sectorial del Inmigración, que es el órgano colegiado de coordinación y cooperación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas en las actuaciones con incidencia en la política de integración de los inmigrantes.

Con esta dotación presupuestaria, se pretende financiar la actuación que realice la ciudad autónoma para fomentar el desarrollo de políticas de integración de las personas inmigrantes en los ámbitos de: acogida; integración en los ejes de empleo vivienda, servicios sociales, salud, infancia y juventud, igualdad de trato, mujer, participación, sensibilización y desarrollo; y refuerzo educativo.

El papel de las administraciones públicas en el ámbito de las políticas de integración de los inmigrantes viene delimitado por la Constitución Española que atribuye al Estado competencias exclusivas en materia de inmigración y a las comunidades autónomas y entidades locales, competencias en áreas clave para la integración, tales como el empleo, la educación, la salud, los servicios sociales o la participación cívica.

El aumento de los flujos migratorios hacia España en los últimos años ha supuesto un incremento importante de la población atendida por los diferentes servicios públicos, con los correspondientes efectos sobre la planificación, desarrollo y financiación de políticas sobre las que las Comunidades Autónomas cuentan con competencias.

En “Acogida e integración”, se establece una asignación básica para cada autonomía (10%) en aplicación de un criterio de solidaridad interterritorial y con el fin de que las comunidades con presencia menor de inmigrantes cuenten con una aportación estable. Además, se establece un 25% a una partida de “situaciones especiales” que responde a la mayor presión migratoria de entrada que soportan algunas comunidades por su situación geográfica: Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Murcia, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. La cantidad restante se asigna en función de la población inmigrante empadronada, el número de trabajadores inmigrantes afiliados a la Seguridad Social y el número de trabajadores inmigrantes del Régimen Especial Agrario.

En cuanto a la partida de Refuerzo Educativo se asigna en función de los siguientes criterios: el número total de alumnado inmigrante escolarizado en enseñanza no universitaria por comunidad autónoma y el número de alumnado inmigrante escolarizado en enseñanza no universitaria procedente de países no castellanohablantes por comunidad autónoma.