Delegaciones
- Delegaciones
- ¿Qué es la Administración General del Estado en el Territorio?
- Normativa
- Delegaciones del Gobierno
- Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Delegado del Gobierno
- Actualidad
- Proyectos, Campañas e Información
- Servicios y Directorio
- Subdelegación del Gobierno en Sevilla
- Subdelegación del Gobierno en Almería
- Subdelegación del Gobierno en Cádiz
- Subdelegación del Gobierno en Córdoba
- Subdelegación del Gobierno en Huelva
- Subdelegación del Gobierno en Jaén
- Subdelegación del Gobierno en Málaga
- Subdelegación del Gobierno en Granada
Recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de asociaciones de consumidores de cannabis
13/10/2017
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita del presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad en relación con la Ley de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. A criterio del Ejecutivo, esta Ley vulnera competencias exclusivas del Estado, en particular, la competencia en materia de legislación penal, las bases y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos, la seguridad pública y las relaciones internacionales, por afectar a los convenios internacionales suscritos por España.
Según el Acuerdo aprobado hoy, la Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencias para la aprobación de una norma con este contenido que no puede ampararse ni en el derecho de asociación, ni en la protección de los consumidores, ni en la protección de la salud, y que trata de regular y dar amparo legal a actividades que están tipificadas como delito en el Código Penal.
Este texto legal ignora totalmente las competencias exclusivas del Estado, así como de la normativa internacional y estatal vigente. El Gobierno hace, además, expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que el Tribunal Constitucional suspenda cautelarmente la aplicación de la norma de Cataluña, como ya ocurrió con los recursos interpuestos previamente contra la Ley navarra reguladora de clubes cannabicos y con un artículo de la Ley de atención integral de adicciones y drogodependencias del País Vasco con la misma finalidad.