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Los 2.248 municipios y las 9 diputaciones de Castilla y León recibirán en marzo 31,4 millones de euros como compensación por el IVA que dejaron de percibir en 2017
15/02/2022
Recursos para las EELL
• Hacienda aprueba la Orden que permitirá compensar a las Entidades Locales y se hará efectiva el 31 de marzo
• Beneficia a todos los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León que participaron en Tributos del Estado en 2017
• Estos recursos están contemplados en los PGE de 2022 para corregir un problema generado con la mensualidad del IVA durante el Gobierno de Mariano Rajoy
15 de febrero de 2022.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una Orden de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por la que se determina el importe que percibirán las Entidades Locales como compensación por la mensualidad del IVA que dejaron de recibir en 2017, como consecuencia de la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La Orden establece la forma de pago y el importe correspondiente y cumple lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, donde se consigna una partida presupuestaria específica para esta circunstancia, destinada tanto a Comunidades Autónomas como a Entidades Locales.
En el caso de la Orden de Entidades Locales, se establece el importe de la compensación, así como el de los intereses legales, de forma que, en Castilla y León, el total que percibirán las Administraciones Locales afectadas, intereses incluidos, se cifra en 31,4 millones de euros.
La compensación se hará efectiva el 31 de marzo y beneficiará a los 2.248 ayuntamientos y las 9 diputaciones de Castilla y León que participaron en tributos del Estado en 2017.
La cuantía correspondiente a cada una de las entidades se ha publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en concreto en el siguiente enlace:
La normativa publicada indica que, una vez efectuadas las transferencias a las Entidades Locales, si éstas no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses, se considerará aceptada la compensación.
La Orden contempla, asimismo, que los Ayuntamientos que hayan iniciado una reclamación judicial tendrán de plazo hasta el 28 de febrero para emitir un certificado que incluya un acuerdo del Pleno municipal de desistimiento del procedimiento abierto y enviarlo al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene previsto aprobar en breve la Orden de compensación por este concepto a las Comunidades Autónomas, que recibirán las cantidades en el primer trimestre de este año, como ya adelantó María Jesús Montero.
Compromiso con la Administración Local
El problema generado en el cobro del IVA por el anterior Gobierno al aplicar el SII provocó efectos en la liquidación de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado de 2017, que se llevó a cabo en 2019 y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido.
Este Ejecutivo ha mostrado desde el inicio su compromiso para encontrar una salida a este problema heredado. De hecho, en la primera legislatura de Pedro Sánchez se incorporó un cambio normativo en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que hubiera solventado esta cuestión, aunque el PP se opuso a ello.
La decisión de compensar a las Entidades Locales por la mensualidad de IVA que el Ejecutivo del PP les retiró en 2017 fue comunicada en el Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) del 28 de julio de 2021, cuando la ministra de Hacienda y Función Pública anunció la adopción de una medida para solucionar definitivamente el impacto ocasionado, con la inclusión de una partida presupuestaria en los PGE para 2022 que permitiera solventar el perjuicio económico que supuso para estas entidades.
La solución finalmente adoptada permitirá dotar de recursos a los Ayuntamientos, para que sigan prestando unos servicios públicos de calidad.