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Las medidas implantadas por el Gobierno frente a las consecuencias de la COVID19 en Castilla y León alcanzan ya los 5.632,4 millones de euros

El delegado del Gobierno ofreció los datos actualizados de prestaciones sociales, operaciones ICO y transferencias a la Comunidad Autónoma

05/10/2020

Al cierre del mes de septiembre, sólo se registraban 20.422 trabajadores afectados por ERTEs, 111.785 menos que en el peor momento de la crisis

Valladolid, 5 de octubre de 2020.

Las medidas implantadas por el Gobierno frente a las consecuencias económicas de la COVID19 en Castilla y León alcanzan ya a finales de septiembre los 5.632,4 millones de euros, sumando los recursos movilizados y las ayudas directas, lo que supone 679,4 millones más que en el mes de julio.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ofreció los datos actualizados a fecha 30 de septiembre, entre los que destaca el número de trabajadores que quedan afectados por un ERTE, 20.422 en la Comunidad Autónoma, (un 2,8% de los afectados en toda España), es decir, 111.785 menos que en el peor momento de la crisis en el conjunto del país, el 30 de abril, cuando llegaron a ser 132.207. Por tanto, un 84,6% de los trabajadores han salido de esa situación en nuestro territorio, frente al 76% del total de España.

El delegado del Gobierno señaló que estos datos son una magnífica noticia, puesto que ese porcentaje, precisamente, es el del empleo rescatado por esa prestación, y supone, además, la supervivencia de muchas empresas que, en caso de no haberse articulado esa medida, no habrían podido mantenerse en pie a lo largo de estos meses.

104.154 asalariados y 82.200 autónomos

En el último mes del que se han cerrado datos, agosto, un total de 104.154 trabajadores castellanos y leoneses percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE, fuera a través de un ERTE, desempleo, u otro tipo de figuras, por un importe total de 105,8 millones.

De ellos, 46.862 eran trabajadores acogidos a un ERTE, cuya nómina ascendió a 23,3 millones de euros. Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales del SEPE ha supuesto 839,8 millones, 527 más que en el mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, a 30 de septiembre, un total de 82.200 autónomos recibieron algún tipo de prestación de la Seguridad Social. De ellos, 75.505 fueron perceptores de prestaciones por cese de actividad, otros 33 de prestaciones para autónomos de temporada y 6.662 más de la nueva prestación compatible con la actividad. El gasto total acumulado de la prestación extraordinaria suma más de 195,6 millones de euros.

Derechos sociales y Fondo COVID

A ello habría que añadir las cantidades del Fondo Social Extraordinario, 18 millones de euros que fueron transferidos para minimizar el impacto social de la pandemia, y lo dispuesto para becas comedor, 1,8 millones, que dieron cobertura a 8.000 familias.

Asimismo, se ha prorrogado la moratoria para el pago de alquileres hasta el 31 de enero de 2021 y se han extendido los supuestos para beneficiarse del bono social en el suministro eléctrico hasta el 30 de junio de 2021.

Castilla y León ha recibido, además, un total de 433,2 millones de euros procedentes del Fondo COVID19, no reembolsables, siguiendo criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia (población protegida, ingresos UCI, hospitalizaciones y PCRs totales). A los 349,2 del primer tramo para gasto sanitario, se han sumado desde julio otros 84 millones para gasto educativo, que se transfirieron en base a la población de 0 a 16 años y de 17 a 24 años de edad de la Comunidad Autónoma.

Además, Castilla y León podrá destinar a gasto sanitario otros 117 millones de euros procedentes de los Fondos FEDER.

Las ayudas directas remitidas a la Comunidad desde el Estado suman, por tanto, 1.990 millones de euros a fecha 1 de octubre, frente a los 1.680 percibidos a finales de julio.

Recursos movilizados

La apuesta del Gobierno por el apoyo a la ciudadanía y para la recuperación económica frente a la COVID se extiende, además, a otras cantidades movilizadas a través de los avales ICO.

A 15 de septiembre, en Castilla y León se habían aprobado 40.197 operaciones, que afectan a 26.805 empresas, por un importe avalado de 2.837 millones de euros y una financiación total de 3.642 millones. Son casi 5.000 operaciones más que en julio y 300 millones de euros más en avales, a los que se han sumado 2.538 empresas desde aquel momento.

Un esfuerzo sin precedentes

Izquierdo subrayó que las medidas de protección puestas en marcha por el Gobierno son un esfuerzo sin precedentes para evitar que el impacto de una crisis sanitaria inédita se transforme en un auténtico drama social y económico.

“Nunca antes”, dijo, “en nuestra historia económica, un gobierno había desplegado un conjunto de medidas tan amplio en tan poco tiempo, que si bien no soluciona todos los problemas que nos ha traído la pandemia a nivel económico, ha frenado, de forma indudable, la caída del desarrollo económico en nuestro país, y por tanto, en nuestra Comunidad Autónoma”.

El presidente del Gobierno manifestó desde el principio de este mandato que este iba a ser “un gobierno ejecutivo, resolutivo y de acción”, y, -dijo el delegado-, “lo está demostrando con hechos y políticas que conforman una red de protección sólida”.

Izquierdo señaló que “existe una constante voluntad de mejora para extender los mecanismos de protección, como los que permitirán agilizar la efectividad de medidas ya en marcha como el IMV y que tendrán efectos claros en los próximos meses”.

Necesaria estabilidad política

El delegado del Gobierno en Castilla y León reiteró el llamamiento a la unidad y la colaboración institucional frente a la pandemia. “España necesita un horizonte de estabilidad política“, afirmó, “y el Gobierno del Estado sigue emplazando a todas las fuerzas políticas y al resto de las administraciones públicas a sumarse a ese objetivo compartido, desde la unidad que no sólo salva vidas, sino también empleos y empresas”.

En su opinión, el diálogo social marca el camino a seguir para materializar el diálogo político e institucional. “Tenemos que impulsar un nuevo clima político en el que la resolución de los problemas reales de la ciudadanía sea el principal objetivo. La política útil es la que resuelve problemas; no la que los crea desde el bloqueo”.

Aprovechó para recordar que España necesita unos *presupuestos de país* que puedan vehicular con eficacia los recursos procedentes de los fondos europeos, “recursos que empiezan a materializarse el año próximo y con los que vamos a sentar las bases para una transformación económica a partir de cuatro ejes definidos, la transición digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial y la igualdad real entre hombres y mujeres”.

Unos presupuestos a medida de las actuales circunstancias, en su opinión, son una condición indispensable para que el país afronte con éxito el plan de reconstrucción europeo y una inyección moral que devuelva la ilusión a la ciudadanía.