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El Gobierno acuerda prorrogar los beneficios fiscales y medidas para hacer frente a la reconstrucción de La Palma

28/12/2022

El Real Decreto-ley 20/2022 publicado hoy en el BOE incluye la extensión y actualización de una serie de medidas para empresas y ciudadanos afectados por la emergencia volcánica registrada el año pasado

El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto-ley que prorroga los beneficios fiscales y otras medidas para seguir ayudando a empresas y ciudadanos afectados a hacer frente a la situación excepcional ocasionada por la erupción volcánica registrada en la isla de La Palma hace un año.

Esta iniciativa, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, se incluye dentro del Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, que publica hoy el Boletín Oficial del Estado.

“El Gobierno de España sigue dando muestras de no olvidarse de la población y del tejido productivo de la isla de La Palma, cuando se ha cumplido ya un año de la finalización de la erupción volcánica en Cumbre Vieja. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado una batería de medidas que no solo extienden algunas de las iniciativas adoptadas, sino que también realizan pequeños ajustes en las existentes para ampliar sus beneficios”, afirma el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

“Estas medidas forman parte de la voluntad del Gobierno de seguir trabajando por la recuperación y reactivación socioeconómica en La Palma, para paliar los daños sufridos por las personas afectadas y garantizar que nadie va a quedarse atrás por los efectos negativos que esta emergencia ha dejado en la isla”, añade.

En concreto, el Real Decreto-ley 20/2022 mantiene la moratoria de préstamos hipotecarios y no hipotecarios para las personas afectadas que la hubieran solicitado, prorrogada por seis meses más, incluyendo el principal y los intereses, y beneficiándose de ello, incluso, las personas que no estuviesen al corriente de pago de sus préstamos, lo que hará que se reduzca la carga financiera de los afectados, con el fin de permitirles un mayor margen para hacer frente a las necesidades urgentes derivadas de su desalojo y de los daños sufridos.

La norma extiende además la condición de beneficiarias de las ayudas por daños materiales en la vivienda habitual por la erupción volcánica a las unidades familiares o de convivencia económica cuando ninguno de sus integrantes ostente la propiedad del inmueble, pero, al menos, uno de ellos sea titular del usufructo sobre dicha vivienda, lo que permite corregir una formalidad que estaba impidiendo acceder a las ayudas del Ministerio del Interior a las mujeres viudas que habían perdido o sufrido daños en su vivienda.

Se prorrogan asimismo los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para La Palma a las zonas que se mantienen desalojadas, que no han sido sepultadas por la lava, pero en las que las mediciones de gases realizadas por el Instituto Geográfico Nacional impiden que los afectados puedan volver a sus casas o reabrir sus negocios y a los inmuebles que no han quedado sepultados, pero sí aislados por la lava, por lo que los propietarios aún no han podido acceder ni vivir en ellos.

Otra de las medidas acordadas en Consejo de Ministros afecta a los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de las situaciones de fuerza mayor provocadas por la erupción volcánica que todavía están dando cobertura a un número considerable de trabajadores de empresas que aún no han podido retornar a la actividad, disponiéndose de nuevo la prórroga de las medidas extraordinarias ya previstas para paliar dicha situación hasta el 30 de junio de 2023.

Asimismo, se establece que los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 31 de diciembre de 2022 la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el apartado dos del artículo 26 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, a partir del 1 de enero de 2023 podrán seguir percibiéndola.

Por otra parte, se establece una exención en el pago de cuotas a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, de superior cuantía a la aplicable con carácter general, en los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas por la erupción volcánica, respecto de las personas trabajadoras cuya actividad laboral se viniese desarrollando, hasta el inicio de la situación de fuerza mayor temporal, en las unidades poblacionales de Puerto Naos y la Bombilla.

A fin de contribuir a la recuperación de las empresas y trabajadores autónomos afectados en su actividad por la erupción volcánica en la isla de La Palma se introduce también una disposición dirigida a prorrogar durante tres meses más el régimen extraordinario de aplazamientos en el pago de cuotas de la Seguridad Social .

El Real Decreto-ley aprobado este martes establece asimismo que deben considerarse subvencionables los gastos financieros de los proyectos contemplados en el Plan de actuaciones definido por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, con lo que se pretende garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad de los proyectos.

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