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Importante golpe policial en la lucha contra el fraude al Sistema de Seguridad Social

10/07/2010

.- En el marco de la denominada “Operación ISABEL” llevada a cabo conjuntamente por funcionarios pertenecientes a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial, y a las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras y de Policía Judicial de Zaragoza, se han llevado a cabo investigaciones que han dado como resultado final la detención de 99 personas, cinco de ellas titulares de otras tantas empresas, y la imputación de otras 65 persona más, por presuntos delitos de falsedad documental, estafa y contra los derechos de los trabajadores.

Las investigaciones se inician como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección Provincial de Trabajo de Zaragoza, que a principios del año en curso comienzan a detectar la existencia de una serie de empresas, un total de 20, en su mayoría personas físicas, gestionadas por ciudadanos rumanos, en las que se producían continuos movimientos de altas y bajas, sin que existiera una actividad laboral real, y que presentaban deudas en sus cotizaciones de seguros sociales.

La Tesorería de la Seguridad Social puso estos hechos en conocimiento de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, unidad policial dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial, especializada en la lucha contra el fraude al Sistema de Seguridad Social, cuyos funcionarios conjuntamente con los pertenecientes a los servicios policiales citados de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza, iniciaron las correspondientes investigaciones.

Tras las oportunas comprobaciones efectuadas en colaboración con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) y la Inspección de Trabajo de Zaragoza, se logró determinar que 20 empresas (de las cuales 19 eran personas físicas inscritas y la última una sociedad civil constituida por otros dos ciudadanos) venían presentando sucesivas altas y bajas de trabajadores (algunos de los cuales se repetían en varias de las empresas) habían incumplido, sistemáticamente y desde el inicio de su actividad la obligación de cotización a la Tesorería General de la Seguridad Social por los seguros sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por impago de cuotas, por un total de 1.500.000 euros aproximadamente, y no habían presentado ante la Agencia Tributaria declaraciones de operaciones con terceros (modelo 347).

Se comprobó que los domicilios que constaban en los datos de inscripción de estas empresas en la Seguridad Social eran falsos, toda vez que resultaron desconocidas, tanto en los domicilios sociales como en los de la actividad empresarial declarados por las mismas, al igual que resultaron desconocidos sus titulares en los domicilios que constaban de los mismos, tanto en las bases de datos de la Seguridad Social como en la Policiales.

Se determinó que estas empresas, que declararon en el momento de su inscripción actividades de construcción, servicios de limpieza, taller mecánico y hostelería, que en ningún caso habían realizado, dieron de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un total de 632 trabajadores, de los cuales 163 percibieron en base a los periodos de carencia acumulados en las mismas, prestaciones y/o subsidios por desempleo del INEM y en algunos casos prestaciones por incapacidad temporal del I.N.S.S.

Los trabajadores eran contratados y dados de alta durante cortos periodos de tiempo, en la mayoría de los casos los mínimos legales exigidos para acceder al derecho de las prestaciones o subsidios, o para completar estos periodos.

Han sido citados en sede policial más de 220 personas que figuraron de alta en las empresas investigadas, entre ellos los preceptores de prestaciones y/o subsidios.

Igualmente han sido oídos en declaración varios profesionales de la gestión a través de los que estos “supuestos empresarios” canalizaban la confección de contratos, nóminas, confección de partes de alta y baja y certificados de empresa, sin que se haya detectado implicación de ninguno de ellos, ya que se limitaban a la confección de documentos que les encomendaban dos personas que decían representar a las citadas empresas: uno de ellos responde a las iniciales de “G.A.D.”, conocido como Jorge y de nacionalidad rumana, y otro que responde a las iniciales de “R.H.” de nacionalidad marroquí, toda vez que el resto de los empresarios no son conocidos, ni de los supuestos trabajadores, ni de los profesionales de la gestión que gestionaban los asuntos laborales de las empresas.

Por las investigaciones practicadas se ha podido determinar que 19 de las empresas investigadas, no desarrollaron en ningún caso actividad empresarial real y efectiva, con la excepción de la que reviste forma de sociedad civil, que tuvo algún tipo de actividad, pero en ningún caso acorde con el volumen de trabajadores que dio de alta y respecto a la que alguno de los declarantes, dice no haber trabajado y haber sido dado de alta a cambio de entregas dinerarias.

Por las declaraciones recibidas se pone de manifiesto que las altas eran tramitadas a cambio de dinero que pagaban los trabajadores y que oscilaba entre los 280 y los 400 euros, que eran entregados a los dos responsables antes señalados, si bien existe algún caso en que los pagos ascendieron a la cantidad de 13.000 euros entre los que se incluía la gestión del visado, contrato de trabajo, altas en varias empresas, sin que existiera relación laboral, para obtener la regularización y las Prestaciones por Desempleo.

De las personas detenidas, 94 de ellos (trabajadores que percibieron prestaciones por desempleo) tras prestar declaración en dependencias policiales fueron puestos en libertad con cargos y, los 5 restantes, titulares de otras tantas empresas, pasan a disposición Judicial con el Atestado Policial instruido al efecto.

De momento, la operación policial continúa abierta, y no se descarta que se produzcan más detenciones por estos hechos.