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Sandra García y FAMP resaltan que los más de 120 millones de euros de financiación en Dependencia para 2021 "permitirán a Andalucía avanzar hacia una atención de más calidad"

25/01/2021

El Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 supondrá una inyección extra de 3.600 millones en tres años, 600 millones para 2021 donde Andalucía será una de las más beneficiadas, con 52,2 millones

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, han analizado hoy el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, una programación que, en opinión de Sandra García, “dotará a Andalucía de 120 millones de euros más para Dependencia este año, lo que permitirá avanzar hacia una atención de más calidad y superar las deficiencias a las que fuimos condenados por la infrafinanciación de años anteriores”.

Dicho Plan, elaborado por la Vicepresidencia segunda del Gobierno y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha sido debatido con las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales desde el pasado mes de octubre, y que el pasado 15 de enero fue acordado en la Mesa de Diálogo Social con las organizaciones empresariales y sindicales.

La delegada del Gobierno ha explicado que los objetivos prioritarios del Plan son reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sean las apropiadas, e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes, “unos fines que reflejan el compromiso y la intención del Gobierno de España por afianzar uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar”. “Sólo para Andalucía se prevén más de 300 millones de financiación extra para los próximos tres años, una inyección que permitirá alcanzar dicho objetivo”, ha añadido la delegada.

Por su parte, el presidente de la FAMP ha agradecido “la sensibilidad y la apuesta del Gobierno de España para la mejora de este servicio con la aprobación de un monto superior a 120 millones de euros que irá destinado a Andalucía, frente a los 90 millones presupuestados por la Junta de Andalucía”. Villalobos ha indicado que “desde la FAMP apostamos por el sistema público de servicios sociales que nació hace ya 35 años y supuso el pilar del Estado de Bienestar y la generación de derechos sociales de la población; refrendado por la actual Ley de Servicios Sociales andaluza”.

En este sentido, Villalobos ha abundado que “desde el municipalismo se defiende este sistema público que se articula a través de los ayuntamientos y las diputaciones, ya que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y las que mejor conocen las necesidades sociales de la población. Esto nos permite dar garantías, seguridad y efectividad para que los recursos públicos sean destinados a paliar los graves efectos de esta pandemia y lleguen a quienes precisen de estos servicios; y para ello demandamos más financiación”.

3.600 millones en 3 años

El Plan contempla un aumento de la financiación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia por parte de la Administración General del Estado, que se ha concretado en la subida de las cuantías del nivel mínimo y la recuperación del nivel acordado recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Su impacto presupuestario se estima en un incremento de, al menos, 600 millones de euros respecto al año 2020. Además, en los presupuestos de 2022 y 2023 se incluirán nuevos aumentos, acumulativos, de una magnitud similar, con lo que el aumento total de la inversión en el Sistema de Dependencia durante estos años será de 3.600 millones de euros.

En la actualidad más de 230.000 personas dependientes se encuentran en lista de espera de recibir una prestación, a las que habría que sumar otras casi 150.000 que aguardan ser valoradas. Para ello se aprobará en este próximo mes de febrero un plan específico de medidas que incluirá, junto a las metas concretas establecidas en cada territorio, una mejora de los procedimientos administrativos y de gestión, así como de los sistemas de información.

Del mismo modo, el Plan mejorará los servicios y las prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad: como el acceso al servicio de teleasistencia, mejoras de las prestaciones del sistema, regularización de la figura del Asistente Personal y la revisión de los criterios que se aplican a los copagos que realizan las personas dependientes.

Asimismo, el Plan trabajará para asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el Sistema de Atención a la Dependencia sean las adecuadas, como garantía de la calidad de la atención que reciben las personas beneficiarias del sistema. Por ello, el Plan incluye distintas medidas, entre ellas, la modificación del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia de 2008 para reforzar la calidad de los servicios y las condiciones laborales en que se prestan, así como diseñar un programa, dotado con 25 millones de euros, para la mejora de la cualificación del personal de los servicios de cuidados de larga duración y de los servicios sociales.