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La delegada del Gobierno en Andalucía pide a la consejera de Salud que extreme la vigilancia y el control del fraude farmacéutico

04/07/2012

La delegada del Gobierno en Andalucía ha expresado su satisfacción por la actuación de la Guardia Civil de Cádiz, tras conocerse que ha efectuado hoy una nueva detención en el marco de la denominada ‘Operación Pócima’ que desarrolla en esa provincia de Cádiz, lo que, sumado a la detención de ayer por la tarde en Jerez, eleva a seis el número detenidos acusados de adquirir fraudulentamente medicamentos financiados por la Seguridad Social, usando para ello las tarjetas electrónicas sanitarias de pensionistas fallecidos.

La persona detenida hoy por su implicación en este fraude detectado en los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera y San Fernando es el director de un centro de mayores de esta última localidad, que ha sido puesto a disposición judicial junto a los cinco directores de geriátriacos de la provincia detenidos con anterioridad e imputados por la Guardia Civil en este fraude masivo de compra de medicamentos financiados por la Seguridad Social por un presunto delito de estafa.

Según ha informado hoy la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, la investigación sigue abierta y no se descarta que en breve se produzca alguna nueva detención en otra provincia andaluza y que, a corto y medio plazo, se investiguen otros asilos en Andalucía, lo que confirma “la preocupación del Gobierno por extremar la vigilancia y el control del gasto farmacéutico por parte de las administraciones, especialmente en el caso de los medicamentos que financiamos parcialmente con los impuestos de todos los españoles y dada la delicada situación financiera de la sanidad pública”.

En este sentido, Crespo se ha preguntado “cómo es posible que la consejera de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, cuestionara públicamente la veracidad de las afirmaciones de la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuando denunció que se estaban cometiendo fraudes en la compra de medicamentos con las tarjetas de pensionistas españoles”, especialmente porque, según ha informado la Guardia Civil, “las investigaciones en Cádiz se iniciaron a raíz de un informe de la Inspección de Farmacia de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía”.

“Cuesta creer que la Consejera de Salud no controle lo que ocurre en la Sanidad andaluza y que sus servicios de inspección no le informen de sus investigaciones, de lo que se deduce que mintió cuando dijo desconocer que en Andalucía existe fraude con las cartillas de los pensionistas para no pagar los medicamentos”, ha dicho la delegada. “Es lamentable que se cuestione la credibilidad de una ministra por el mero afán de oposición a las políticas de control del gasto impulsadas por el Gobierno de España para sanear las cuentas, pagar las facturas pendientes y hacer sostenible el sistema sanitario en condiciones de igualdad para todos los españoles”.

A este respecto, ha recordado que la Junta de Andalucía “tenía en los cajones 700.000 facturas de proveedores de la SAS que sumaban un importe de 2.500 millones de euros y que se acaban a abonar gracias al plan de pago impulsado por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.

Carmen Crespo se ha mostrado convencida de que el decreto de sostenibilidad del sistema sanitario aprobado por el Gobierno de España hará posible el mantenimiento de un sistema sanitario público, gratuito y universal y ha mostrado su convencimiento de que dicho decreto no vulnera las competencias de las Comunidades Autónomas.
Finalmente, Crespo ha felicitado a la Guardia Civil y a los servicios de Inspección de Farmacia por el magnífico trabajo de colaboración realizado y ha pedido a la titular de Sanidad de loa Junta “que se ponga a trabajar para averiguar qué está ocurriendo en los geriátricos andaluces y evaluar cuántos fármacos financiados por la Seguridad Social han sido adquiridos gratuitamente por defraudadores y estafadores en los últimos años”.