El Gobierno de España aprueba un incremento retributivo del 2% para más de 82.000 empleados públicos murcianos
21/01/2020
- La medida se aplica a funcionarios de las administraciones estatal, autonómica, local y del sector público empresarial
- Se regula también el incremento variable por evolución del PIB, de hasta un 1% adicional, así como un 0,30% destinado a fondos adicionales
Murcia, 21 de enero de 2020. Más de 82.000 empleados públicos murcianos de las administraciones estatal, autonómica, local y del sector público empresarial se beneficiarán del incremento retributivo del 2% aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
El Gobierno garantiza, con la aprobación del Real Decreto-ley, que el incremento se hace efectivo desde el 1 de enero de 2020 y beneficiará a más de 2,5 millones de empleados públicos en toda España, 82.387 de ellos de la Región de Murcia. De esta cifra, 16.091 pertenecen a la Administración Pública Estatal, 48.543 a la Comunidad Autónoma, 12.461 a la Administración Local y 5.292 a las Universidades.
Con la subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros se reconoce la dedicación, esfuerzo y profesionalidad de quienes se dedican al servicio público. El Gobierno cumple así el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar sus condiciones retributivas desde el primer día de 2020.
Incremento de las retribuciones
El incremento de las retribuciones para 2020 establece las siguientes previsiones:
-Un incremento fijo del 2% de las retribuciones de los empleados públicos con efectos 1 de enero.
-Un incremento variable, en función del crecimiento del PIB de 2019.
En el caso de la retribución variable del 1% para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%, el porcentaje de retribución variable disminuirá proporcionalmente a la reducción que se produzca sobre dicho 2,5% (los porcentajes variables según el crecimiento del PIB quedan reflejados en la tabla resumen de incrementos).
Al margen de las cuantías establecidas anteriormente, se podrá autorizar un incremento de la masa salarial del 0,30%, como fondos adicionales para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, entre otras medidas, previa negociación colectiva.
El coste del Real Decreto-ley se calcula que ascenderá a 3.212 millones de euros.