Los Planes de Empleo 2020/2021 contarán con 11 millones de euros para 15 proyectos y supondrán casi mil puestos de trabajo

Con una inversión de 11 millones de euros, los Planes de Empleo 2020/2021 supondrán un total de 15 proyectos y 998 puestos de trabajo. Lo ha anunciado hoy la Delegada del Gobierno, Sabrina Moh, en una comparecencia ante los medios de comunicación acompañada de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Rosa López Ochoa.

En concreto, los proyectos se realizarán con los siguientes organismos: Imserso, con 84 trabajadores; Comandancia General de Melilla, con 214 trabajadores; Gerencia Territorial de Justicia, con 7 trabajadores;  Centro Penitenciario, con 19 trabajadores; UNED, con 4 trabajadores; Delegación de Economía y Hacienda, con 4 trabajadores; Autoridad Portuaria, con 35 trabajadores; Jefatura Superior de Policía, con 14 trabajadores; Instituto Social de la Marina, con 4 trabajadores; MUFACE, con 2 trabajadores; Dirección Provincial del Ministerio de Educación, con 493 trabajadores; Campus de Melilla de la Universidad de Granada, con 10 trabajadores; CETI, con 15 trabajadores; e INGESA, con 16 trabajadores.

A estos puestos de trabajo se suman los 59 trabajadores que la propia Delegación del Gobierno va a ofertar y de donde se nutrirá el grupo de Prevención de Riesgos Laborales que hará los seguimientos de la totalidad de trabajadores de este Plan de Empleo 2020/2021.

Este grupo de trabajadores se distribuirá entre 100 ocupaciones cuyos códigos de ocupación y titulación requerida para cada uno de ellos se dará a conocer y estarán expuesto en la página web de SEPE (concretamente en el enlace https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-covid-19-melilla.html).

Con respecto a los criterios para la selección de personal, la Delegada ha avanzado que en lo que respecta a la titulación, se deberá tener la titulación que se requiera para cada puesto y que el desempleado se encuentre en posesión de la misma a fecha de la selección.

Criterios de baremación

A su vez, ser parado de larga duración. “Tendrán preferencia absoluta los desempleados amenazados de paro de larga duración, considerándose estos como las personas que acrediten 360 días de inscripción como desempleados en los 18 meses anteriores a la presentación de la oferta de empleo”, ha informado.

Eso sí, ha apuntado que si no hubiese candidatos, en alguna de las ocupaciones, con este requisito, se pasaría a seleccionar a los candidatos con mayor número de días como desempleado en los últimos 18 meses.

En cuanto a los criterios de exclusión, será de obligado cumplimiento tener una antigüedad mínima de 4 años consecutivos de inscripción en el padrón anterior a la fecha de presentación de la oferta de empleo y mantener la condición de desempleado desde la publicación del listado definitivo hasta la firma del contrato.

Además, no podrán estar separadas del servicio en cualquiera de las administraciones mediante un expediente disciplinario o estar condenados por algún delito contra la libertad, abuso o acoso sexual.

También quedan excluidas aquellas personas que no entreguen la documentación en los plazos establecidos. Unos plazos, ha dejado claro Moh, que también serán publicados para conocimiento de todo el mundo.

En cuanto los criterios de ordenación, se va a establecer una ponderación. Así, las personas que no hayan disfrutado de un contrato de, al menos 180 días en los últimos 36 meses, tendrán una baremación de 3 puntos.

Las personas que no hayan disfrutado de un contrato de, al menos 180 días en los últimos 24 meses, tendrán una baremación de 2 puntos. Y los desempleados que no hayan disfrutado de un contrato de, al menos 180 días en los últimos 12 meses, tendrán una baremación de 1 punto.

”Las personas que no se ajusten a estos requisitos tendrán una baremación de 0 puntos, pero también podrán formar parte del Plan de Empleo. Esto se hace para no perjudicar a aquellas personas que han obtenido un contrato a lo largo de este tiempo, pero no han llegado a seis meses”, ha explicado.

Personas con discapacidad y víctimas de violencia

“En cada una de las ofertas presentadas va a contar con una reserva del 7% de los puestos ofertados para ser cubiertos por personas con discapacidad. Un 2% de los puestos ofertados serán para personas que acrediten una discapacidad intelectual y el 5% restante, para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad”, ha avanzado.

En aquellas ofertas donde, al menos, los puestos ofertados sean 20, habrá una reserva del 5% de los puestos para ser cubiertos por mujeres mayores de 45 años; y una reserva del 10% de los puestos para ser cubiertos por mujeres víctimas de violencia de género.

“Siempre y cuando no podamos cumplir alguno de estos porcentaje por la inexistencia de candidatos que cumplan con estos requisitos, estos puesto pasarían al cupo general”, ha explicado Moh.

En su intervención, la Delegada ha subrayado que la aparición en alguno de los listados definitivos “no vincula a la contratación” ya que después de aparecer en ese listado definitivo tendrán que entregar toda la documentación pertinente y, en caso de no cumplir los requisitos exigidos, decaerá su derecho a ser contratado.

Como novedad, este año no se va a publicar la totalidad de los listados en una sola vez, sino que se irá haciendo de forma progresiva, tal y como ha avanzado Moh, “priorizando las necesidades y empezando por prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno, ya que sin este gabinete no se podría empezar ninguno de los proyectos”.

Los listados se van a ir colgando en el tablón virtual del SEPE e irán acompañados de un calendario para la entrega de la documentación en la UPD, con los pertinentes plazos. A su vez, para mayor difusión, toda esa documentación e información será publicada en los perfiles de la Delegación del Gobierno.

Web del SEPE

Tal y como ha anunciado la Directora Provincial del SEPE, Rosa López Ochoa, por la excepcionalidad que la crisis sanitaria ha supuesto este año, desde la página web del SEPE se ha facilitado un espacio específico (https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-covid-19-melilla.html) en el que se dispondrá de toda la información de los Planes de Empleo, así como los listados y el modelo para presentar alegaciones.

“Facilitamos que nadie tenga que desplazarse físicamente a las oficinas, con el consabido trastorno que es la consulta del listado físico y el problema que podría causar de concentración de personas en muy poco espacio”, ha apuntado.

Gracias a este espacio web, el interesado “en cualquier momento tendrá acceso a la información y a los trámites sin estar pendiente de horarios”, ha apostillado López Ochoa.

“En el momento que se produzca la publicación, aparecerá la convocatoria de los plazos para las alegaciones, días y horas que haya que presentar la documentación, y los plazos para hacerlo, que serán los que acuerde la UPD, para que no se produzcan aglomeraciones innecesarias”, ha agregado.

Plan Plurianual

En su intervención, que ha sido retransmitida en directo a través de Televisión Melilla, la Delegada ha explicado que la situación laboral y social de Melilla tiene una singularidad que merece una respuesta específica por parte del Ministerio de Trabajo a través de su Dirección General de SEPE.

Por ello, el año pasado se puso en marcha el Plan Plurianual de Empleo, un programa integral de empleo dirigido a la mejora de la empleabilidad y a la inserción laboral de personas en situación de desempleo proyectado para ser llevado a cabo durante dos años.

Dicho plan se sustenta en dos pilares fundamentales. Por un lado, un diagnóstico y estudio del mercado de trabajo y de la realidad de la ciudad de Melilla. Y, por otro, la orientación inicial para aquellas personas que lo requieran y que va ligado a un refuerzo de la plantilla de las oficinas con 6 personas técnicas orientadoras.

Para financiar las medidas de este plan de empleo, el SEPE ha tramitado una convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos del programa de colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con los órganos de la Administración General del Estado en el ámbito territorial y para la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.