Interior e Igualdad refuerzan el plan de contingencia para ampliar la protección a las víctimas de trata y explotación sexual
22/04/2020
Laura Segura: “El Gobierno de España no va a dejar a ninguna mujer desprotegida”
El Gobierno ha reforzado el plan de contingencia contra la violencia de género ante la COVID-19 para ampliar la protección a las víctimas de trata y explotación sexual, tal y como ha informado hoy la responsable de la Unidad Contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, Laura Segura.
“Desde la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad, en colaboración con el Ministerio de Interior se ha reforzado el Plan de Contingencia con el objetivo de garantizar los derechos de estas víctimas, así como la prestación de los servicios y recursos para la atención a sus necesidades específicas”, ha explicado.
“El Gobierno de España no va a dejar a ninguna mujer desprotegida”, ha dejado claro, al tiempo que se ha referido a las medidas adoptadas que van a pivotar en 6 ejes. El primero de ellos es el de garantizar el derecho a la Información para las víctimas de trata y explotación sexual en una lengua que puedan comprender, con vía para pedir ayuda.
“Este derecho se venía garantizando a través de diferentes dispositivos, que se caracterizan por el acercamiento de equipos profesionales a los contextos en los que se encuentran las mujeres a través del trabajo en unidades móviles, recepción en locales de la entidad, visitas a clubes, pisos y otros entornos”, ha informado. Tras la declaración del Estado de Alarma y derivado de la limitación de libertad de circulación de las personas, si bien los teléfonos 24 horas mantienen su actividad, sólo se acude presencialmente en casos de extrema urgencia para atender una detección de indicios de trata, cuando no pueda hacerse por vía telemática y dentro de los protocolos previamente establecidos con autoridades públicas.
Ante esta situación, se está difundiendo el teléfono gratuito de la Policía Nacional específica de trata: 900105090, para casos en los que las víctimas quieran denunciar; los correos electrónicos específicos de trata de la Policía Nacional y la Guardia Civil: trata@policia.es y trata@guardiacivil.es
El segundo eje es el de garantizar la detección e identificación de las víctimas de trata y explotación sexual y de casos de extrema vulnerabilidad en contextos de prostitución. Puesto que la detección e identificación es el proceso que le proporciona acceso, además de la información y asesoramiento necesarios sobre su situación, a los recursos de atención y protección especializados, capaces de atender sus necesidades específicas, cómo posible vía para salir de la situación en la que se encuentra.
Debido a la situación actual de pandemia, las propuestas que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género efectúa, respondiendo a la necesidad de tomar medidas adicionales de protección social frente a la crisis durante el estado de alarma pasan por fortalecer la coordinación entre las unidades policiales especializadas en trata y las ONG que trabajan en contextos de prostitución y están en contacto telefónico con las mujeres, presentación de posibles casos/situaciones de especial vulnerabilidad o signos de trata o explotación, con indicación de necesidades.
Asistencia integral y protección
El tercer eje se basa en garantizar la asistencia integral y protección de las víctimas de trata y explotación sexual, así como la atención a casos de especial vulnerabilidad.
“Se debe seguir garantizando el derecho a la asistencia y protección de las víctimas, a través de las prestaciones que constituyen el suelo mínimo de asistencia y protección para garantizar condiciones de vida capaces de asegurar su subsistencia y la salud psicosocial”, ha apuntado Segura.
En esta línea la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género plantea mantener los servicios ambulatorios de asistencia integral -social, jurídica y psicológica- para garantizar la atención e intervención en recursos especializados, tanto para las mujeres ya en procesos de intervención como para las mujeres que inicien su proceso de recuperación.
“Ello implica que las administraciones competentes y entidades sigan prestando orientación jurídica, psicológica y social, adaptando la atención a las circunstancias derivadas del estado de alarma, vía medios telefónicos o por videoconferencia”, ha expuesto.
También garantizar de alojamiento temporal seguro a las víctimas como servicio esencial, asegurar una alternativa habitacional a mujeres que, sin encontrarse en una situación de riesgo, a raíz de la crisis sanitaria quedan en situación de necesidad habitacional.
Como punto cuarto, facilitar el Ingreso Mínimo Vital a las mujeres que lo necesiten y se adapten a los criterios acordados: garantía de las condiciones mínimas de subsistencia de las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, así como los casos de extrema vulnerabilidad de mujeres en situación de prostitución, a través de su inclusión como beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, regulado en una norma de próxima aprobación. “Se asegurará que las mujeres en situación administrativa irregular, que son en la mayoría de los casos las principales víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, pueden acceder a este derecho”, ha indicado.
Alternativa ocupacional
El objetivo quinto aborda que las administraciones públicas y entidades que trabajan con víctimas de trata y explotación sexual como beneficiarias de la medida de alternativa habitacional.
Las medidas del Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables tienen como destinatarias, además de a personas a título individual, también a administraciones públicas y empresas públicas y a entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a estas personas.
Esta posibilidad faculta a las administraciones, así como a las organizaciones especializadas que trabajan con víctimas de trata y explotación sexual a solicitar y obtener estos recursos habitacionales como parte de su trabajo de atención integral.
“Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se hará un documento para informar sobre estas ayudas, sus requisitos y el cauce para acceder a ellas por parte de administraciones y entidades sociales”, ha avanzado.
El sexto punto aborda las condiciones de trabajo para la ejecución de las medidas. “Para cumplir con las obligaciones de información, detección, alojamiento y asistencia, será preciso dotar a las entidades y ONG para que puedan trasladar a las mujeres tal y como han venido haciendo hasta el Decreto de Alarma, sin que sean sancionadas y siempre cumpliendo con los requisitos impuestos”, ha informado.