La Delegación del Gobierno aborda en una ronda de reuniones las medidas recogidas en el Decreto Ley 13/2020 sobre el empleo agrario
16/04/2020
La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha mantenido una ronda de reuniones telemáticas de trabajo con los representantes de todas las áreas de de la Administración del Estado, Junta de Extremadura y representantes sindicales, empresarios, cooperativas, opas y sector frutícola, para abordar el Decreto-Ley 13/2020 que establece medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario.
Esta reunión se celebró con el objetivo de establecer los mecanismos de coordinación precisos para asegurar su correcta aplicación, de manera que se pueda garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos en las actuales y próximas campañas agrícolas.
De forma extraordinaria y temporal hasta el 30 de junio, aunque le fecha será revisable y podría prorrogarse, el decreto permite la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias. Los desempleados contratados podrán seguir cobrando sus prestaciones por desempleo junto al salario que perciban por el trabajo realizado.
En estas medidas de flexibilización no se incluye a los trabajadores afectos por ERTE relacionados con COVID-19 ni a trabajadores autónomos con actividad afectada por la pandemia.
También serán beneficiarios los trabajadores migrantes cuyo permiso finalizaba en la declaración del estado de alarma permitiendo alargar la duración de los mismos, así como jóvenes de terceros países de entre 18 y 21 años que se encuentren en situación regular y menores no acompañados de entre 16 y 18 años.
Las empresas y empleadores deberán comunicar sus necesidades de empleo a los servicios públicos de empleo autonómicos, que las gestionarán para darle cobertura de forma urgente con las personas beneficiarias, dando prioridad a quienes no perciban ningún tipo de subsidio o prestación.
A este respecto, el Servicio Público de Empleo, en el caso de la comunidad extremeña, el SEXPE, ha desarrollado la pertinente instrucción para canalizar el proceso y selección, de la cuál será informado el SEPE para evitar que ningún trabajador pierda la prestación.
La norma aprobada por el Gobierno recoge asimismo, que los empresarios son responsables de dotar a los trabajadores de todas las medidas de protección para evitar los contagios por Covid-19.
Se podrán beneficiar de estas medidas de flexibilización todas aquellas personas cuyos domicilios (o lugar donde pernocten de forma temporal durante la campaña) se hallen en el mismo municipio del lugar de trabajo o en municipios colindantes, aspecto sobre el que los colectivos participantes en estas rondas de trabajo han propuesto ajustar al ámbito de toda la comunidad autónoma. El decreto permite a las CC.AA. ajustar este criterio en función de su estructura territorial y dispersión de población.
Estas medidas pretenden garantizar el normal aprovisionamiento de los mercados; el mantenimiento de la renta de la población que más lo necesite, así como la actividad y sostenibilidad agrarias y mejorar las condiciones sociolaborales de la población, asegurando mejoras en los ingresos para las personas en situación de desempleo.
Todo ello preservando las condiciones de seguridad y reducción de las posibilidades de contagio que exige la situación actual de lucha contra la pandemia del COVID-19.
En la reunión participaron además de la delegada, los subdelegados del Gobierno en Badajoz y Cáceres; director provincial de INSS de Badajoz; directora provincial del INSS y TGSS de Cáceres; directora provincial del TGSS de Badajoz; directora provincial del SEPE de Badajoz,; director provincial Acctal,; director territorial Jefe de la Inspección de Trabajo de Badajoz; inspector jefe Inspección de Trabajo de Cáceres; director del área Funcional de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno de Badajoz; jefe de la Oficina de Extranjería de Badajoz y el jefe de la Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración de Cáceres además de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), representantes de los sindicatos CC.OO. y UGT, así como representantes de las OPAS extremeñas, del colectivo de fruticultores y cooperativas de la región. También han participado la consejera de Desarrollo Rural, Población y Territorio y el secretario general de Empleo de la Junta de Extremadura.