Tierraseca valora la garantía de rentas de los agricultores castellano-manchegos recogida en el acuerdo de la futura PAC
10/11/2020
- El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha resaltado el peso específico de Agricultura y Ganadería en la economía de esta Comunidad Autónoma y que en Europa se hayan atendido buena parte de las demandas de España
- El equilibrio entre la sostenibilidad de agricultores y ganaderos y el cuidado medioambiental, la eliminación de trabas burocráticas o el impulso a la incorporación de jóvenes y mujeres son aspectos positivos, según el delegado
Toledo, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha valorado que el acuerdo alcanzado recientemente por los Estados miembros en torno a la futura Política Agraria Común (PAC) 2021-2027 “recoge las demandas planteadas por España”.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, que ha recordado que ésta es una de las comunidades autónomas donde la incidencia de la PAC es mayor por el peso de su economía en las actividades agrícolas y ganaderas, ha manifestado que uno de los aspectos de mayor calado para esta Comunidad es la garantía de rentas para los agricultores, “por lo que supone no sólo para el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera, sino también como factor positivo para fijar población en el territorio”.
Tierraseca ha expresado esta “satisfacción” en la reunión por videoconferencia mantenida este martes con representantes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con motivo de la presentación a los delegados del Gobierno en las distintas comunidades autónomas del Plan Estratégico para la futura PAC que está elaborando el Ejecutivo Central.
Asimismo, ha considerado que una de las claves del acuerdo de la futura PAC es “el equilibrio entre la sostenibilidad de agricultores y ganaderos, a través de la ayuda básica a la renta, y la nueva arquitectura verde de la PAC”.
La pretensión es, además de atender las demandas del sector, avanzar en el objetivo de reducción de emisiones para llegar al horizonte de una economía descarbonizada en la Unión Europea en el 2050.
Y, junto a ello, y al mismo ritmo, se trabajará para facilitar la incorporación de los jóvenes agricultores, “con medidas como ayudas directas y ayudas a la primera instalación”, y para que la mujer tenga un mayor protagonismo en empresas, organizaciones y cooperativas de ámbito agrario o ganadero.
La reducción de trámites burocráticos, que permitirá que, a partir de 2023, los agricultores y ganaderos puedan recibir las ayudas sin tener que presentar formalmente una solicitud y la decisión de que el pago redistributivo esté enfocado en las explotaciones medianas y pequeñas que más dependan de la agricultura son otros logros respecto a los planteamientos expresados por España.
En definitiva, ha expuesto el delegado, con este acuerdo, “la futura PAC será beneficiosa para los agricultores de España, en general, y de Castilla-La Mancha, en particular”, porque que la agricultura castellano-manchega quedará “muy bien reflejada en el documento final de reforma, y, de forma muy especial, el sector del vino, que cuenta con apoyos específicos”, ha añadido.
Plan Estratégico
El acuerdo en Europa llega arropado por el proceso de elaboración, por parte del Gobierno de España, del Plan Estratégico para la futura PAC y del que Francisco Tierraseca ha subrayado que emane “de un proceso abierto y participativo”.
El documento, que cuenta ya con un diagnóstico y análisis de necesidades que se ha realizado en una primera fase, contará con las aportaciones de las Comunidades Autónomas, las organizaciones agrarias y las organizaciones medioambientales, así como al conjunto de la sociedad.
En una segunda fase, en la que ya se trabaja, se elaborará la estrategia de intervención, en la que se concretarán las actuaciones a acometer.
A la reunión con los delegados, celebrada por videoconferencia, han asistido Miryam Álvarez Páez, secretaria general de Coordinación Territorial, y Agustín Torres Herrero, director general de la AGE en el Territorio, por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública; y Fernando Miranda Sotillos, secretario general de Agricultura y Alimentación, e Ignacio Atance Muñiz, subdirector general de Planificación de Políticas Agrarias, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.