El Gobierno de España destina más de 10 millones de euros al Plan Especial de Empleo en Castilla-La Mancha
10/06/2020
Para el Fomento de Empleo Agrario en Zonas Rurales Deprimidas
• La Comisión regional, celebrada esta mañana, ratifica la distribución de fondos tras las reuniones mantenidas en las cinco provincias de la región
Toledo, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha presidido la reunión de la Comisión Regional de Seguimiento del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, donde se ha ratificado el reparto y distribución del presupuesto para contratar a trabajadores en paro del régimen especial agrario que realizarán obras o servicios de interés general o social.
Mediante este Plan Especial de Empleo, recibirán “un salario superior al del año pasado, puesto que contempla el incremento del Salario Mínimo Interprofesional”, ha recordado Tierraseca, quien ha destacado que se trata de un Plan “muy demandado por los ayuntamientos porque el coste de las contrataciones lo asume íntegramente el Estado”.
Más de 300 ayuntamientos de Castilla-La Mancha dispondrán de un total de 10.119.274,28 euros para contratar a 2.214 trabajadores en paro del régimen especial agrario que realizarán 379 obras o servicios de interés general o social en 302 ayuntamientos.
La distribución por provincias es la siguiente:
Albacete: 2.735.358,48€ para contratar a 597 personas de 70 ayuntamientos
Ciudad Real: 4.097.087,51€ para 897 contratos en 97 ayuntamientos
Cuenca: 1.447.861,44 € para emplear a 316 personas de 46 ayuntamientos
Guadalajara: 42.763,84 € para dar empleo a 12 personas en 11 ayuntamientos
Toledo: 1.796.081,28 € para contratar a 392 desempleados del sector agrario en 78 ayuntamientos.
En la reunión, celebrada de manera telemática esta mañana desde la Delegación del Gobierno, han asistido la directora del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación, la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, el director de la Tesorería General de la Seguridad Social, representantes de la Administración regional y de los sindicatos CCOO y UGT, así como de las organizaciones agrarias y empresariales.