Celebración del XXXVIII Aniversario de la Constitución

La Delegación del Gobierno en Aragón y las Subdelegaciones del Gobierno en Huesca y en Teruel han celebrado este viernes, 2 de diciembre, el Día de la Constitución.

Discurso del delegado del Gobierno en Aragón.

En nombre del Gobierno de España quiero darles una afectuosa bienvenida a esta Delegación en Aragón para conmemorar el nacimiento y la vigencia de la Constitución Española que el próximo martes cumplirá 38 años. Carta Magna que ha traído a nuestro país el periodo más largo y fructífero de convivencia, democracia y bienestar.

Permítanme que mis primeras palabras sean de felicitación a las personas que hoy son condecoradas por sus reconocidos méritos. Enhorabuena a los dos. A Antonio Tocón, General jefe 8ª Zona G.C. y a Oscar Escó, Inspector de la Policía Nacional.

También quiero agradecer el trabajo y dedicación de los empleados de la Administración del Estado en Aragón, tanto de los servicios integrados en esta Delegación y en las Subdelegaciones, como de los servicios territoriales de los departamentos ministeriales cuyos responsables hoy nos acompañan. Al igual que a las Fuerzas Armadas a cuyos mandos agradezco su presencia.

También, como en años anteriores, quiero reconocer expresamente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestra Comunidad, Policía y Guardia Civil. Gracias a todos.

La Constitución de 1978 ha sido el marco de referencia, de estabilidad en los últimos 40 años, palanca indispensable para una modernización social, económica e institucional sin posible comparación con los países de nuestro entorno.

El espíritu de concordia que ya presidió el proceso de la transición política, junto con otros principios como la unidad, la pluralidad, el consenso, la libertad, la igualdad o la solidaridad y el pluralismo político, siguen teniendo hoy día plena validez como instrumentos imprescindibles para nuestra convivencia.

Estos principios que inspiraron el espíritu constitucional deben ser los ingredientes básicos que permitan el acuerdo y el pacto como instrumentos para lograr soluciones políticas y no recurrir con tanta frecuencia al ámbito judicial para dirimir las desavenencias.

Nuestra Constitución no sólo dibuja un amplio abanico de derechos y libertades, sino que además articula nuestra rica diversidad territorial, característica definitoria de nuestra propia identidad.

En ella caben todas las ideologías y cualquier planteamiento político, con el único requisito del respeto hacia la voluntad libre, soberana y democráticamente expresada por el pueblo español.

La Constitución hoy sigue plenamente vigente. El propio texto contempla la posibilidad de reformarla y los pasos a seguir. Abordar ese estudio, en su caso, debería hacerse de forma pausada, desde la máxima lealtad institucional, manteniendo su núcleo fundamental, siempre sobre la base del respeto al Estado de Derecho y desde el consenso y la prudencia.

Nuestra convivencia nos plantea diariamente nuevos desafíos. La legislatura que comienza debe de ser la del diálogo, el entendimiento y el acuerdo no sólo entre partidos sino también entre las administraciones públicas.

Estamos acabando un año difícil, complejo. Como dijo el presidente Rajoy en el discurso de Investidura, “aunque el Gobierno haya tenido que estar en funciones, España no lo ha estado”. Y no lo ha estado porque la organización administrativa en una democracia moderna impide que la inestabilidad política, a causa de un prolongado escenario electoral, afecte a la normal prestación de los servicios públicos.

Quiero felicitar, una vez más, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no sólo por seguir reduciendo, más si cabe, las cifras de criminalidad en nuestro territorio, sino también por su impecable labor en garantizar la seguridad de los distintos procesos electorales celebrados en los últimos años.

Procesos electorales en los que también quiero destacar los esfuerzos de los empleados de esta Delegación en su preparación y desarrollo así como en la reciente puesta en marcha de dos importantes leyes reguladoras del procedimiento administrativo y del sector público, que entraron en vigor el pasado mes de octubre y que van a suponer un cambio y mejora fundamentales en la relación ciudadanos-Administración y entre las propias Administraciones.

Gracias, en fin, a vuestro trabajo, pero gracias también al previo establecimiento de un adecuado marco regulatorio y a la existencia de unos presupuestos generales del Estado para 2016, tan criticados en su momento, y sin los cuales las Administraciones no hubieran podido seguir prestando los mismos servicios, lo que ha permitido a empresas y familias mantener un creciente nivel de actividad.

De este modo España ha vuelto a ser el país que más crece entre las grandes economías desarrolladas y, según las previsiones, volverá a serlo el año que viene. En definitiva, la inercia del trabajo bien hecho ha servido para que la incertidumbre política generada, tras casi un año de Gobierno en funciones, no haya frenado la buena senda en la que nos encontrábamos.

La situación de letargo político, provocado por el bloqueo posterior a las citas electorales, suponía un riesgo para las grandes prioridades de un Estado, las que exceden del corto plazo, las que necesitan del consenso y de la estabilidad, las que marcan el progreso y la grandeza de un país.

Pero esa circunstancia no podía cronificarse. Limitarse a afrontar el corto plazo gracias a aquella inercia no era suficiente para un Estado obligado a crecer y seguir creando empleo, lo que, por cierto, hemos hecho a un ritmo de 500.000 puestos de trabajo al año.

Las referidas prioridades son los las que en cada momento España precisa para que el deseo plasmado en el preámbulo de nuestra Constitución, que hoy homenajeamos, sea real y efectivo, el deseo de “establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos integran la nación española”.

Por ello, nos podemos felicitar porque, sea cual sea nuestra afinidad ideológica, hoy tenemos un Gobierno.

Un Gobierno al que exigir que dé respuesta a las necesidades que en cada momento plantean los ciudadanos; al que exigir la debida adaptación a los cambios culturales, económicos y tecnológicos; un gobierno al que exigir la responsabilidad de prever la variabilidad de los ciclos, las tendencias poblacionales, el entorno exterior, y así garantizar la sostenibilidad de nuestro Estado de Bienestar; un gobierno, en definitiva, que lidere el impulso político necesario para nunca dejar de ser lo que hoy somos: una gran nación.

El Gobierno de España, así se comprometió el Presidente Rajoy en el discurso de Investidura, tiene claras cuáles son las prioridades que demandan, hoy, ese impulso político para garantizar el correcto, y sostenible, funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho en que se constituye nuestra nación, tal y como consagra la Constitución.

En primer lugar dos objetivos básicos inseparables: el empleo y el mantenimiento de los pilares de nuestro Estado de Bienestar, en concreto, la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, así como una Educación, Sanidad y Servicios Sociales de calidad. En la misma dirección, resulta prioritario, por ser un elemento siempre clave para la recuperación económica, impulsar el diálogo social para fortalecer el crecimiento económico y el empleo.

En este sentido, quiero destacar la imperiosa necesidad de contar lo antes posible con unos presupuestos generales del Estado para 2017, que sirvan para asegurar el gasto social e impulsar el crecimiento económico. Unos nuevos presupuestos, y no su prórroga, son fundamentales para responder a la realidad socioeconómica del momento, en España en general y en Aragón en particular, necesitado de inversiones que, como las procedentes del Fondo de Inversiones para Teruel (FITE), dependen, así de sencillo, de la aprobación de un nuevo presupuesto.

También, la creciente demanda por los ciudadanos de unos servicios públicos básicos de un nivel óptimo de calidad y en condiciones de igualdad, motiva otra de las prioridades: el acuerdo sobre la financiación autonómica, cuestión vital que el Presidente del Gobierno, ha avanzado, incluirá en una próxima Conferencia de Presidentes al comienzo del año que viene.

Apremia, igualmente, lograr un pacto nacional por la educación para que, dejando a un lado los prejuicios ideológicos y los legítimos intereses de unos u otros, podamos construir un modelo estable que garantice la igualdad de oportunidades y ponga el acento en la eficacia y la calidad. El acuerdo alcanzado este lunes en la Conferencia Sectorial de Educación, entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, es un buen comienzo en esa dirección.

Por otro lado, el compromiso con la limpieza de la vida pública y el buen funcionamiento de las instituciones continúa siendo una prioridad para este Gobierno, decidido a promover cuantas reformas sean necesarias para reforzar la confianza de los ciudadanos en la política y hacer de ella una actividad cada vez más transparente y ejemplar. Acordado ya un conjunto de medidas, el Gobierno sigue abierto a aquellas aportaciones que desde los grupos políticos puedan plantearse en la misma dirección. Y sigue abierto desde la firmeza y la eficacia pero al mismo tiempo desde el respeto a la presunción de inocencia y a la separación de poderes. Perseguir el delito corresponde al Gobierno, pero sentenciar, sólo corresponde a los jueces.

También es obligación de cualquier gobierno, y sabemos que al menos éste es consciente de ello, afrontar cualquier reto que ponga en riesgo nuestra democracia, la soberanía nacional, la unidad de España o el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Por ello, el Gobierno asume, como otra de sus prioridades, responder al desafío secesionista que algunos plantean en Cataluña y proteger los derechos de los españoles en general y de los catalanes en particular. Y asume esta obligación desde la disposición al diálogo y a la cooperación con la Generalidad catalana, pero también desde la firmeza que da la voluntad de común destino de todos los españoles y desde la legitimidad que da el respeto a la Ley, porque, sin Ley, no hay Democracia.

Es fácil coincidir en la necesidad de estas prioridades. ¿Cómo no desear la sostenibilidad del Estado de Bienestar o no querer mejorar los resultados educativos? ¿Cómo no desear un modelo de financiación autonómica justo, solidario y estable o erradicar la corrupción de las instituciones? ¿Cómo no desear una España de hombres y mujeres libres e iguales? Y cómo no, al menos para todos aquellos que creemos en España, defender su unidad, la soberanía del conjunto del pueblo español y el imperio de la Ley.

Por ello, el Gobierno aspira a que todas esas prioridades sean compartidas por el resto de grupos políticos y por todos los actores sociales y económicos, para crear un marco colaborativo en la construcción de las soluciones. El nuevo contexto político, como he comentado anteriormente, exige gobernar en un marco de cooperación y diálogo permanente, y todos, Gobierno y oposición en primer lugar, pero también administraciones territoriales, agentes sociales y cualesquiera grupos de interés en cada política pública, debemos esforzarnos en hacer real e interiorizar ese diálogo.

Apelar al diálogo es fácil, pero solo lo haremos real y constructivo si sabemos debatir, descontaminados de prejuicios o apriorismos, evitando los sesgos ideológicos o sectarismos que impiden el encuentro; si nuestra predisposición es al acuerdo, a la solución, no a la confrontación ideológica o partidista; si asumimos la responsabilidad de lo conveniente, frente a los cantos de sirena del populismo; si nos comprometemos con las futuras generaciones, con el largo plazo, frente al oportunismo del resultado inmediato; y si, en definitiva, pensamos en el interés general, en el bien común, no en el rédito electoral o en el interés del grupo, del partido o del vecino.

Por el contrario, no hacemos posible el diálogo si no sabemos admitir éxitos ajenos y reconocer los propios fracasos, si no somos capaces de dar una oportunidad a las soluciones de otros, si teñimos de pesimismo todo lo que no tiene nuestro color, si nos arrogamos, en exclusiva, ser los defensores del bien común.

No es momento de salvapatrias y oportunistas, tampoco de especuladores del voto, ni de pesimistas crónicos o sectarios rencorosos.

Es momento de unirnos, todos, en solucionar los problemas de los españoles y por ello, en este discurso, he hablado del qué y del cómo, de prioridades y de diálogo.

Deseo que esas prioridades sean compartidas y trabajemos conjuntamente para consolidar reformas amplias y duraderas.

Y Deseo que, en este espíritu de consenso, cuando escuchemos el himno de España, en esta celebración del día de la Constitución sintamos que compartimos una unidad de destino; sintamos lo que España ha sido y lo que con el esfuerzo de todos será; sintamos, por encima de ideologías y de intereses, el orgullo de ser españoles; sintamos lo que nos une; sintamos el futuro; sintamos España.