Sanz subraya que la transparencia de las administraciones “fortalece la democracia y la participación activa” de los ciudadanos
22/02/2018
La Ventanilla Única Empresarial de Sevilla ha colaborado en la creación de 6.146 empresas desde 2001, de las que 601 se constituyeron en 2017
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha subrayado hoy que la transparencia y la fiscalización de la actividad pública es un claro avance que “fortalece la democracia y la participación activa” de los ciudadanos, así como “la mejor garantía de que la gestión de lo público y de la administración responde a los intereses generales”.
Según Sanz, las medidas de transparencia y buena conducta que adoptan las administraciones públicas y las empresas suponen “un acto de responsabilidad con el ciudadano” y “redundan en la mejora de la imagen de España dentro y fuera de sus fronteras y en el fortalecimiento de la confianza en nuestro país de cara al exterior”.
Así lo ha afirmado durante su intervención en las jornada empresarial sobre ‘Transparencia, innovación y pyme’ organizada por Tactio y la Cámara de Comercio, en la que han estado presente el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil Toresano; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero León; y el socio-director de Tactio, Joaquín Bertrán Farga.
Sanz ha destacado “el esfuerzo” desarrollado por el Gobierno en este sentido, que se ha traducido en “notables avances” en los últimos años, especialmente desde que España entró a formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011, una plataforma internacional en la que participan 69 países y que promueve reformas para que se mejore la capacidad de respuesta hacia los ciudadanos.
Desde su inserción en esta alianza, España ha elaborado tres Planes de Acción con respecto a la transparencia, como ha indicado Sanz. Actualmente, y hasta 2019, está vigente el tercero, con el objetivo de potenciar los mecanismos de participación y diálogo con la sociedad, asegurar la cooperación interadministrativa entre los distintos niveles de la administración que propicien iniciativas conjuntas; y fortalecer los cimientos del Gobierno Abierto y sentar bases que de futuras medidas.
Precisamente esta semana el Gobierno ha dado un paso más en la consecución de este plan, al publicar en el BOE la creación de un Foro de Gobierno Abierto que favorezca el diálogo y el debate entre las administraciones públicas y la sociedad civil, con el objetivo de promover propuestas de gobierno abierto.
De igual modo, el delegado ha incidido en otras iniciativas para favorecer la transparencia, como la ‘Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno’ y el ‘Plan de Modernización de la Administración Periférica del Estado’.
Ley de Transparencia
El delegado ha subrayado los beneficios de la Ley de Transparencia, que establece principios éticos generales y obligaciones concretas para las administraciones, los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales que, por su especial relevancia pública o por su condición de perceptores de fondos públicos, están obligados a reforzar la transparencia de su actividad.
La puesta en marcha de esta ley propició la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para velar por su cumplimiento, mientras que el Plan Estratégico 2015-2020 plasma las actuaciones y medidas planificadas.
Plan de Modernización de la AGE
Respecto al Plan de Modernización de la Administración Periférica del Estado (AGE), que nace con el objetivo de lograr una administración más moderna, ágil y accesible a través de la transformación digital, Sanz ha resaltado el papel “crucial” que reserva a las delegaciones del Gobierno para fortalecer la presencia de la Administración General del Estado en cada territorio y racionalizando los recursos públicos.
En el marco de este plan, la Delegación del Gobierno en Andalucía, debe ser, según Sanz, una “institución útil, activa, cercana, abierta y al servicio del ciudadano, y “un verdadero motor político y social, acelerador de soluciones para los andaluces y de canal eficaz de comunicación entre los ministerios, las administraciones y la sociedad”.
También le corresponde el papel, según Sanz, de “impulsar sinergias y apostar por los acuerdos y la cooperación entre administraciones”, con un claro ejemplo en la Ventanilla Única Empresarial, una plataforma que ofrece apoyo a la creación de actividades empresariales y que, en el caso de Sevilla, participan la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Cámara de Comercio.
Desde su creación en 2001, esta oficina ha colaborado en la creación de 6.146 empresas, más otras 650 empresas que están en tramitación, y ha atendido 8.275 consultas, “en una clara apuesta de las administraciones para favorecer la actividad empresarial y el emprendimiento”. Sólo en 2017, contribuyó a constituir 601 empresas y se atendieron a 2.836 personas.
El delegado también ha hecho hincapié en el impulso a la administración electrónica, otro de los grandes ejes del Plan de Modernización de la AGE, que prevé potenciar la tramitación electrónica, implantar herramientas electrónicas de apoyo o la generalización del pago automático de tasas, entre otras iniciativas.
Esta misma semana, como ha recordado Sanz, se ha constituido el Comité de Cooperación en materia de contratación pública, integrado por el Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos, para favorecer que las contrataciones se realicen con medios e instrumentos informáticos y electrónicos.
Transformación digital de la economía
De igual modo, Sanz ha recordado que el Gobierno va a lanzar un plan para afrontar el desafío de la transformación digital de la economía española, que deberá llevarse a cabo en el plazo de seis meses.
Por otro lado, con el objetivo de promover la competitividad en el ámbito de la transformación digital, el delegado ha recordado la aprobación, en 2014, de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, basado en seis principios: competitividad, cohesión social, creación de valor compartido, sostenibilidad, transparencia y voluntariedad.
El documento incluye 60 medidas dirigidas a impulsar el desarrollo de prácticas responsables en las organizaciones públicas y privadas para constituir “un motor significativo de la competitividad del país y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora”, con el convencimiento de que la responsabilidad social “contribuye a alumbrar modelos de gestión sostenibles en el tiempo y generadores de ventajas competitivas”.