Las inspecciones contra el fraude han permitido aflorar en Andalucía desde 2012 más de 47.000 empleos no declarados
08/06/2015
En el ámbito de las competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las actuaciones de lucha contra el fraude en el empleo impulsadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han permitido aflorar en la Comunidad Autónoma Andaluza un total de 47.443 empleos irregulares en el periodo 2012-1014, lo que supone un 18,7% del total nacional. En España, el número de empleos aflorados asciende en este periodo a 252.822 empleos sumergidos.
Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que ha presidido la reunión de la Comisión Regional contra el fraude, integrada por la Administración General Tributaria y los directores de la Tesorería y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Inspección de Trabajo y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En esta comisión, como ha explicado el delegado, se intercambia información, documentación e iniciativas para mantener una coordinación estrecha “que permita impulsar instrumentos para la lucha contra el fraude”.
Balance del periodo 2012-2014
El delegado ha indicado que fruto de todas las medidas impulsadas por el Gobierno, se han alcanzado “excelentes resultados”. Durante el periodo 2012-2014 se han realizado un total de 167.496 inspecciones, dirigidas, fundamentalmente, a aflorar empleo (122.562 inspecciones), detección de empresas ficticias (12.047 inspecciones) e irregularidades en las prestaciones por desempleo (32.887 inspecciones).
Además del empleo aflorado, como resultado de estas inspecciones se han anulado 11.252 altas ficticias en la Seguridad Social o contratos falsos en empresas ficticias formalizados “con el objeto de acceder indebidamente a prestaciones de la Seguridad Social”, como ha explicado el delegado. Además, un total de 6.137 empresas han sido sancionadas por ocupar a trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo, “regularizando, de esta forma, muchos de los contratos”.
Sanz ha indicado que estas pesquisas “permiten avanzar en uno de los objetivos de este Gobierno, que no es otro que crear empleo y favorecer el empleo de calidad, garantizando los derechos de los trabajadores”. El delegado ha insistido en que el fraude supone “una agresión intolerable que nos afecta a todos y hay que erradicar”.
Asimismo, la lucha contra el fraude ha supuesto para Andalucía una recaudación en la Seguridad Social de 572 millones de euros en el periodo 2012-2014. Estos fondos, según ha afirmado el delegado, se destinan a “la mejora de las políticas de empleo”.
Nuevas actuaciones
Dentro de las previsiones de 2015, el delegado ha anunciado que “se volverá a poner el acento en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular”, con nuevas inspecciones. En total, está previsto realizar en el año 2015 más de 62.000 nuevas actuaciones “para seguir avanzando” porque “aún queda mucho por hacer”.
Asimismo, el delegado ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para “erradicar las situaciones fraudulentas”, por el “perjuicio que acarrean a la sociedad”, en la medida que “generan desigualdades entre los ciudadanos y un serio menoscabo a los derechos de los trabajadores contratados de forma irregular”, además de los efectos sobre la recaudación y la economía del país.
A este respecto, Sanz ha recordado que con el objetivo de hacer partícipe a los ciudadanos de esta batalla contra el fraude laboral, el Ministerio de Empleo ha puesto en marcha un buzón abierto, para que cualquier ciudadano pueda plantear sus denuncias de forma anónima.
Fraude fiscal
En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, el delegado ha asegurado que “este Gobierno ha puesto en marcha la reforma antifraude más ambiciosa de la democracia”, con “importantes” medidas, como la Ley General Tributaria, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros.
Esta ley, según Sanz, aporta “nuevos instrumentos contra la evasión tributaria” y que complementa la reforma integral que arrancó en diciembre de 2012 con la Ley Antifraude y la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delito fiscal.
El delegado también ha recordado que se ha reforzado la legislación contra los defraudadores, introduciendo modificaciones al Código Penal, que contempla un tipo agravado para el delito fiscal, “por lo que la pena máxima aumentará hasta los seis años de prisión y amplía hasta los 10 años el plazo de prescripción de los delitos fiscales, con lo que da más tiempo para investigar cada caso”.
Antecedentes de la Comisión Regional
En abril de 2012, el Gobierno de España aprobó un Plan de Lucha contra el Empleo irregular y el Fraude a la Seguridad Social, que desplegaba una estrategia integral de actuación en la lucha contra el fraude, con medidas normativas, institucionales, de gestión y prevención y sensibilización.
El delegado ha asegurado que, desde entonces, “se ha avanzado mucho” en la lucha contra el fraude, con “modificaciones normativas importantes”. En concreto, se ha modificado el Código Penal, con un agravamiento de las sanciones por fraude a la Seguridad Social y los delitos contra los derechos de los trabajadores.
Además, como ha recordado Antonio Sanz, se ha reforzado la coordinación y colaboración entre los organismos y las administraciones y se ha creado una Unidad Especial de Apoyo y colaboración de la Inspección de Trabajo con los Juzgados, Tribunales y Fiscalía General del Estado. También se han formalizado convenios, entre ellos el del Ministerio del Interior y Empleo en la lucha contra fraude, para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se impliquen en esta lucha y se han ampliado los efectivos a la Inspección de Trabajo, que están en proceso de selección y se sumarán en 2016.