Sanz considera que la sentencia del TC es la mejor garantía para ofrecer seguridad jurídica y ayudar a las familias contra los desahucios
26/05/2015
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado como “una buena noticia”, que corrobora que “todos los españoles son iguales ante la ley” y evita “una inseguridad jurídica innecesaria y perjudicial para los intereses de todos los andaluces”, la sentencia del Tribunal Constitucional que estima parcialmente el recurso presentado por el Gobierno contra el decreto-ley antidesahucios que aprobó el bipartito andaluz siendo consejera de Fomento Elena Cortés.
Sanz ha recordado que, tal y como reconoce ahora el TC, el Gobierno de España impulsó, y está vigente para todo el Estado, “un paquete de medidas destinadas a ayudar a las familias que lo están pasando mal, protegiendo a los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión y constituyendo un fondo social de viviendas a fin de promover el mercado hipotecario”, entre otras iniciativas.
Frente a ello, el entonces Gobierno bipartito andaluz promovió un decreto/ley que, a juicio del Tribunal Constitucional, “invade la competencia exclusiva del Estado en materia de coordinación de la planificación general de la actividad económica” y obstaculiza, con las expropiaciones, “la eficacia de las medidas de política económica que han permitido que España vuelva a la senda del crecimiento y la creación de empleo”.
“Hay que esperar a conocer más pormenorizadamente la sentencia”, ha dicho el delegado, “pero todo indica que el alto tribunal avala las tesis del Gobierno de España en el sentido de que el decreto ley de la Junta afectaba al contenido esencial del derecho a la propiedad, que es una normativa reservada a las Cortes, con sanciones para los propietarios de vivienda contrarias al principio de presunción de inocencia constitucionalmente recogido en el artículo 25 de la Constitución y una regulación a nivel regional que vulneraba la igualdad de todos los españoles”.
Sanz ha aludido también a la preocupación que suscitaron en su día en la UE las medidas de la Junta de Andalucía y ha recordado, a este respecto, la carta remitida en su día por la Comisión Europea al Gobierno de España avisando de “las posibles consecuencias” de la medidas antidesahucios de la Junta, en la que se advertía de que “además de crear inseguridad jurídica, podrían hacer aumentar las dudas sobre el mercado inmobilidario español y reducir el interés de los inversores”.
Respeto a los derechos constitucionales
El delegado del Gobierno ha explicado que, por otra parte, que el Gobierno de España promovió en las Cortes una ley antidesahucios, actualmente vigente, que contempla “medidas destinadas a proteger a los más débiles y reequilibrar las posiciones entre deudores y entidades financieras, con respeto a la legislación europea y a los derechos constitucionales”.
Las medidas incluyen “la paralización de los procesos de desahucio por dos años cuando las familias se encuentran en riesgo de exclusión social”, además de un código de buenas prácticas al que se han adherido la mayor parte de las entidades bancarias, posibilidades de renegociación de la deuda, limitación de los intereses de demora y creación de un banco de viviendas para familias desfavorecidas.
Sanz ha recordado, finalmente, que está pendiente de sentencia un recurso posterior presentado por el Gobierno contra la ley aprobada por la Junta 1 de octubre de 2013 derogando el decreto sobre el que ahora se ha pronunciado el TC, por considerar que reproduce en esencia el contenido del Decreto Ley, por lo que se reproducen asimismo, en términos generales, los motivos de impugnación.