El secretario general de Agricultura y Alimentación informa sobre la reforma de la PAC a las delegaciones de Gobierno
11/11/2020
Teresa Cunillera y José Crespín han participado en la reunión sobre la nueva PAC, que el año pasado benefició a cerca de 50.000 catalanes
- Se ha repasado la situación actual de la reforma de la PAC así como el estado de la elaboración del Plan Estratégico de la PAC en España
- Se ha destacado el papel que deben jugar las delegaciones del Gobierno para contribuir a trasladar el papel de la PAC a los sectores
La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el subdelegado en Lleida, José Crespín, han participado en la reunión, por videoconferencia, entre el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda y la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, con las delegadas y delegados del Gobierno en España para explicar el estado actual de los debates y negociaciones relativos a la reforma de la Política Agraria Común (PAC). El año pasado la PAC benefició a cerca de 50.000 agricultores catalanes.
En la reunión se ha analizado el acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual alcanzado por el Consejo Europeo en junio, que permitirá disponer para el próximo periodo de aplicación de la PAC en España de un presupuesto de 47.720 millones de euros, cifra ligeramente superior a la actual.
Miranda ha explicado las principales características del acuerdo general sobre el Reglamento de los Planes Estratégicos alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en octubre y que ha permitido el comienzo de los trílogos, las negociaciones entre Consejo, Comisión Europea y Parlamento Europeo.
La delegada del Gobierno en Cataluña ha destacado que “es la primera vez que se incorpora la perspectiva de género en la PAC, gracias a la propuesta de España”. En este sentido ha agradecido al ministro Luis Planas “que haya luchado para que la mujer tuviera un papel destacado en el sector de la agricultura”.
Para el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, “la nueva PAC representa una oportunidad para abordar los retos del sector agroalimentario: el relevo generacional, la digitalización y la sostenibilidad, tres pilares del futuro del sector”.
En la reunión se ha destacado el papel que deben jugar las delegaciones del Gobierno, como estructura territorial de la Administración General del Estado (AGE), para contribuir a trasladar, con todos los agentes implicados, el papel de la PAC a los sectores. Esta nueva política agraria contribuirá a dar estabilidad a las rentas de agricultores y ganaderos, además de generar valor a largo plazo, de manera sostenible, a través de herramientas que permitan a las explotaciones adaptarse a las necesarias transformaciones económicas y medioambientales.
Se espera que el reglamento definitivo (tras el acuerdo alcanzado entre las tres instituciones) pueda aprobarse a comienzos de 2021. En España se trabajará en paralelo con el objetivo de presentar a la Comisión un borrador del Plan Estratégico de España antes del verano de 2021, de forma que la presentación formal se realizará a finales del 2021, para que esté aprobado en 2022, listo para su puesta en marcha en enero de 2023
En cuanto a la elaboración del Plan Estratégico, los trabajos pueden consultarse en su totalidad en la web habilitada por el Ministerio (https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx).
En la actualidad se está debatiendo la estrategia de intervención, es decir, las medidas concretas que contendrá el plan, mediante su debate con las comunidades autónomas y escuchando las aportaciones de todos los agentes interesados. Además de exponer la situación de los trabajos se han analizado los elementos principales que afectan a cada autonomía.
En la reunión se ha destacado el papel que deben jugar las delegaciones del Gobierno, como estructura territorial de la Administración General del Estado (AGE), para contribuir a trasladar, con todos los agentes implicados, el papel de la PAC a los sectores. Esta nueva política agraria contribuirá a dar estabilidad a las rentas de agricultores y ganaderos, además de generar valor a largo plazo, de manera sostenible, a través de herramientas que permitan a las explotaciones adaptarse a las necesarias transformaciones económicas y medioambientales.