Samuel Juárez pide que se aprovechen las ventajas que ofrece la Ley de la cadena alimentaria para los productores gallegos
28/05/2013
El delegado del Gobierno demandó a las organizaciones agrarias que sigan trabajando conjuntamente por el interés del eslabón más débil del sector
- Este proyecto marcará un antes y un después en defensa del equilibrio hacia la parte más débil de la cadena. La normativa se dota para establecer un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes, aplicable a todos los operadores de la cadena, de la producción a la distribución.
- El Gobierno asume las principales demandas de las organizaciones profesionales para evitar prácticas comerciales abusivas, prohibiendo modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos adicionales sobre el precio pactado, además de regular el suministro de información comercial sensible y la gestión de marcas.
- Sobre el régimen de Control, destacar que la Ley fija una vigilancia administrativa y que, por primera vez, se tipifican las infracciones y las sanciones correspondientes, introduciendo como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos, según lo recogido en la Ley de lucha contra la morosidad.
El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, recibió esta mañana a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad Autónoma, donde resaltó las ventajas competitivas que introduce el proyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria para los productores gallegos. En la reunión que Samuel Juárez mantuvo con Francisco Bello, por Xóvenes Agricultores; Roberto García, por Unións Agrarias e Isabel Vilalba, por el Sindicato Labrego Galego, les pidió que no dejasen pasar la oportunidad de apoyar al Gobierno en una iniciativa que introduce reformas estructurales evidentes, dirigidas a modernizar y mejorar la competitividad de un sector que adolece de una importante debilidad estructural, derivada de su escasa dimensión empresarial y falta de concentración.
CORRIGE DESEQUILIBRIOS EN LAS RELACIONES COMERCIALES
En el encuentro, Samuel Juárez recordó a las organizaciones profesionales sus comunes y reiteradas demandas de implicación del Gobierno para corregir los desequilibrios existentes entre los operadores de la cadena de valor agroalimentaria: productores, industria y distribución. Y en este sentido, incidió en como este proyecto va a marcar un antes y un después en defensa del equilibrio hacia la parte más débil de la cadena. La Ley cumple con un objetivo prioritario, aseguró, al dotarla de capacidad para establecer un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes, aplicable a todos los operadores de la cadena, desde la producción hasta la distribución.
ASUME LAS DEMANDAS DE NORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS
Juárez fue preciso al explicar que se está ante un proyecto muy ambicioso e innovador, y que ha encontrado unos equilibrios racionales, dentro del respeto al derecho a la competencia, por lo que instó a las organizaciones agrarias a seguir trabajando conjuntamente por el interés del sector para conseguir los resultados satisfactorios que persigue esta Ley.
Incidió Juárez en que, es precisamente ese modelo mixto de regulación más autorregulación que establece el proyecto, el que va a permitir disponer de una normalización del régimen de contratación. Recordándoles que el texto de la Ley asume las principales demandas de las organizaciones agrarias gallegas al recoger aspectos tan importantes como: evitar las prácticas comerciales abusivas, prohibir modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos adicionales sobre el precio pactado, además de regular el suministro de información comercial sensible y la gestión de marcas.
Centrándose en el marco regulatorio, Juárez puso énfasis en como el proyecto establece la obligación de formalizar los contratos por escrito y de incorporar unos elementos esenciales. Se aplica en situaciones de desequilibrio para operaciones continuadas o periódicas, a partir de 2.500 euros, cuando una de las partes es productor primario o una agrupación productora o PYME, y el otro no, o cuando hay una dependencia económica de la otra parte, excluyendo las operaciones al contado. En este ámbito hizo además hincapié en como la Ley regulará también las subastas electrónicas y la obligación de conservación de documentos durante 2 años.
TIPIFICACIÓN DE SANCIONES
Sobre el régimen de Control, el delegado del Gobierno destacó que la Ley fija una vigilancia administrativa y que, por primera vez, tipifica las infracciones y las sanciones correspondientes, que en función del ámbito de actuación de las partes gestionarán la Comunidad Autónoma correspondiente o el Estado. Además, ha aclarado Juárez, introduce como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos, según lo recogido en la Ley de lucha contra la morosidad.
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS Y OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
En cuanto a la autorregulación, Samuel Juárez resaltó la creación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles, cuya adhesión será voluntaria por parte de los operadores de la cadena, que tendrán la obligación de someter la resolución de sus conflictos al sistema designado en el mismo.
También Samuel Juárez abordó con las organizaciones distintas novedades de interés de la nueva normativa, objetivo común de este Gobierno y las organizaciones agrarias como son: la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria "que informará de la propuesta del Código y realizará su seguimiento, así como el de las prácticas comerciales, dando traslado a la autoridad competente, si detectase incumplimientos de lo establecido en la ley". En esta línea indicó que tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos entre las partes, y asumirá, además, las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos.
Concluyó el delegado refiriéndose a que este importante paso del Gobierno con el proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria, junto al proyecto de Ley de Fomento de la Integración Cooperativa y de otras Entidades Asociativas de Carácter Agroalimentario, introduce esas reformas estructurales necesarias, dirigidas a modernizar y mejorar la competitividad del sector agroalimentario, en beneficio de productores, industria, distribución y, por supuesto, consumidores.
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