La ministra anuncia que los 110 millones asignados a Vivienda del Fondo para la Dinamización de la Economía y el Empleo se repartirán esta semana

09/02/2009

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha destacado la importancia de la rehabilitación en las políticas desarrolladas por el Ministerio y en el marco de las medidas aprobadas por el Gobierno dentro del Plan para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), y de manera especial en el Fondo Estatal de Inversión Local y en el Fondo Especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo, del que el Ministerio de Vivienda gestiona 110 millones de euros.
 
Beatriz Corredor, que ha pronunciado hoy una conferencia en el Forum Europa, ha explicado que estos 110 millones se van a distribuir entre todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas en una Conferencia Sectorial que se va a celebrar el próximo día 11 de febrero  en Sevilla. La ministra de Vivienda ha desvelado que en el reparto de estos fondos “se dará preferencia a los proyectos de rehabilitación que generen más puestos de trabajo y tengan previsto su inicio en el menor tiempo posible”. 
Por lo que respecta al Fondo Estatal de Inversión Local, la ministra ha subrayado que del total de los proyectos presentados, los destinados a rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética suponen en torno al 40%, “lo cual demuestra la sintonía entre los ayuntamientos y el Gobierno sobre la conveniencia de incentivar la rehabilitación”.
 
En el transcurso de su intervención, la ministra ha pormenorizado los objetivos, filosofía y principales medidas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (PEVR), incluido en el Plan E. El nuevo PEVR prevé llegar a casi un millón de hogares (un 38% más que el Plan anterior) y cuenta con un presupuesto total de 10.188 millones de euros, a los que hay que sumar 34.000 millones de euros que se moverán en préstamos convenidos.
 
Una de las características del PEVR destacada por la ministra es que el mismo va a contribuir a la modernización de la economía en general y del sector inmobiliario en particular. En este contexto, la ministra ha recalcado que “apostamos por evolucionar desde el modelo de construcción extensiva, basado casi exclusivamente en la obra nueva, hacia otro intensivo que no consume suelo, porque actúa sobre el parque ya edificado, y que fomenta un urbanismo sostenible y un entorno urbano más amable y humano”.
 
Apuesta por la innovación tecnológica
Partiendo de esta base, Beatriz Corredor ha defendido la necesidad de “avanzar hacia un proceso constructivo que incida en la innovación tecnológica, en la mejora de la calidad de los materiales, en la competitividad de las industrias auxiliares y en la mejor formación del capital humano”. La ministra, que sostiene que “estamos en una posición excelente para apostar de forma definitiva por la eficiencia energética de los edificios, nuevos y preexistentes, y por el uso de las energías renovables”, ha animado a las empresas españolas a “aprovechar la oportunidad que nos da esta crisis para consolidar estas nuevas vías de actividad y de negocio”, porque, “nuestras empresas no pueden permitirse el lujo de quedarse atrás”. “Creo que de esta forma –ha sentenciado la ministra- la construcción residencial podría contribuir al cambio de modelo productivo que necesita nuestro país, e incorporarse a la senda de crecimiento que descansa sobre las nuevas tecnologías”.
 
En cualquier caso, la ministra ha dejado claro que en este camino hacia un nuevo modelo productivo, las empresas van a tener a su lado al Gobierno. “Para ayudarlas, hemos previsto en el Plan de Vivienda 470.000 actuaciones de rehabilitación (3,5 veces más que el anterior), de las que 400.000 tienen como primer objetivo la rehabilitación energética de viviendas, edificios y entornos urbanos, así como la mejora de su accesibilidad, seguridad y salubridad”, ha explicado la ministra. A esto hay que añadir la puesta a disposición de los promotores de importantes subvenciones adicionales si superan los estándares mínimos de eficiencia energética exigidos por el Código Técnico de la Edificación en las nuevas promociones de vivienda protegida.
 
Según ha explicado la ministra, “la inversión del Ministerio de Vivienda en las políticas de rehabilitación incluidas en el Plan será de 2.000 millones de euros, a los que se suman otros 2.000 millones de euros de financiación adicional a través del ICO. Esta inversión movilizará en el conjunto de la economía más de 4.000 millones de euros”.
 
 De esta cifra, más del 42% corresponde a la inversión directa, mientras que el resto tendrá efecto indirecto en aquellos sectores que son clientes y proveedores de las empresas constructoras. En relación con el empleo, solamente con la rehabilitación aislada de viviendas se pueden generar 75.000 empleos anuales durante los próximos cuatro años.
 
Impulso del alquiler
Beatriz Corredor ha dedicado una parte de su intervención al alquiler, otra de las líneas estratégicas del PEVR y ha señalado que en España existe un gran desequilibrio entre el parque de viviendas en alquiler y en venta, que se traduce en el hecho de que sólo el 11% de los españoles viven en alquiler. La ministra ha matizado que “el alto porcentaje de propietarios que existe en nuestro país no nos parece una mala noticia, ya que garantiza el ahorro y da tranquilidad patrimonial a las familias, pero esto no es incompatible con la existencia de un mercado amplio de alquiler donde puedan acceder a una vivienda aquellos ciudadanos para los que ésta sea la mejor opción”.
 
La intención del Ministerio, según ha explicado la ministra, es ampliar y mejorar el parque de viviendas en alquiler, para lo que, a través del PEVR, se va a ayudar a promover 100.000 nuevas viviendas protegidas para arrendamiento, a las que se sumarán otras 70.000 procedentes de la rehabilitación.
 
El PEVR, según ha señalado Beatriz Corredor, incluye una serie de medidas con las que se va a fomentar el alquiler y de las que la ministra ha destacado la potenciación del alquiler con opción de compra, la promoción de alojamientos temporales para colectivos especialmente vulnerables y para la comunidad científica y universitaria y el incremento de ayudas a inquilinos.
 
Como complemento a las medidas incluidas en el PEVR, la ministra ha recordado otras medidas dirigidas a aumentar el parque de viviendas en alquiler. Entre ellas, la aprobación del Proyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y de eficiencia energética de los edificios, por el que se modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos, para que los propietarios puedan recuperar la vivienda antes de cinco años si la necesitan para sí, sus padres o para sus hijos, si así se pacta en el contrato; y la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los procesos de desahucio y de reclamación de rentas impagadas, evitando tiempos muertos y demoras fraudulentas en la tramitación procesal, y sin perjuicio de los derechos del arrendatario.
 
Medidas transitorias para hacer frente a la crisis y reducir el stock
La tercera línea estratégica del PEVR y a la que ha hecho referencia la ministra es la que incluye una serie de medidas coyunturales, recogidas en las disposiciones transitorias del Plan, y que tienen por objeto, por un lado evitar que se produzca un indeseable frenazo en la actividad mientras se desarrolla la transición entre el nuevo Plan de Vivienda y el anterior y, por otro, poner mecanismos que permitan inyectar liquidez a las empresas.
 
La ministra ha explicado que para que los promotores puedan obtener la liquidez que necesitan para activar su actividad, se han simplificado los requisitos para trasladar el excedente de viviendas sin vender del mercado libre al protegido, siempre que se sujeten a los precios y condiciones establecidos en el Plan y se va a permitir, en 2009, que las familias que tengan una renta de hasta siete veces el IPREM (48.000 euros anuales) puedan acceder a las viviendas protegidas de precio concertado, tanto de nueva construcción como procedentes de la transformación del stock.
 
Sobre este aspecto, la ministra ha recalcado que “los promotores son colaboradores imprescindibles para la efectividad de la política de vivienda”, por lo que les ha invitado a que “hagan suyo el Plan de Vivienda, y que no esperen más para acogerse a las posibilidades que les ofrece”.
 
No obstante, la ministra ha recordado que “las perspectivas para la salida al mercado de estas viviendas pasan necesariamente por una reactivación de la financiación a los compradores por parte de las entidades financieras”. De ahí que las haya invitado “a sumarse al esfuerzo común, una vez que se van superando los problemas derivados de la falta de liquidez en el sistema interbancario y de las tensiones de confianza provocadas por la situación financiera internacional”.
 
Movilización de suelo
La ministra ha destacado que otra herramienta para afrontar la política de vivienda, fuera del PEVR, la movilización de suelo tanto público como privado con el fin de que la parálisis actual del sector no afecte a la construcción de vivienda protegida en el medio y largo plazo.
 
Por que respecta al suelo de la Administración General del Estado, Beatriz Corredor ha recordado la creación de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre Suelo, en la que se determinarán cuáles de los terrenos que poseen los otros ministerios son adecuados para la edificación de viviendas protegidas. “De esta forma, podremos intensificar el proceso que se inició en la anterior legislatura y que dio como fruto la movilización de 23 millones de metros cuadrados”, ha afirmado la ministra.
 
En el ámbito privado, la Oferta Pública de Compra de Suelo realizada en los últimos meses por la Entidad pública SEPES ha generado una amplia respuesta, con más de 33 ofertas recibidas desde toda España, por un importe total de 541 millones de euros, que supera por tanto el presupuesto previsto de 300 millones de euros. El desarrollo de estas actuaciones permitirá, una vez urbanizados los suelos, la construcción de 18.600 viviendas con algún tipo de protección, por parte de promotores públicos y privados, lo que supondrá una inversión adicional de unos 2.440 millones de euros y la creación de un gran número de empleos directos e indirectos.