La Inspección Provincial de Trabajo ha detectado y sancionado casi 400 infracciones a lo largo de este 2012
12/09/2012
Lucha contra el fraude
. La lucha contra el fraude, el empleo clandestino y las actividades irregulares es para la Delegación del Gobierno uno de los ejes de importancia capital en su encomienda de gestión como representante de la Administración General del Estado en Ceuta. En este sentido, y en el marco de su exclusiva competencia, el delegado del Gobierno en el ejercicio de su cargo ordenó, desde el primer momento, a la Inspección Provincial de Trabajo perseguir con ahínco la actividad ilegal en la ciudad
autónoma, promovió un estatus más factible en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empleadas transfronterizas del hogar y sus empleadores al objeto de aflorar en mayor medida el trabajo irregular detectado, y ha seguido con perseverancia los datos mensuales aportados por la labor de los profesionales de la Inspección Provincial de Trabajo.
Ocho meses después, la labor inspectora y los resultados obtenidos pueden calificarse de buenos al no tener parangón con los datos arrojados en los ejercicios completos de años anteriores.
La actividad de la Inspección Provincial de Trabajo ha aumentado notablemente en los meses que llevamos de este año 2012. El marco de colaboración con la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social y la continua asistencia del Cuerpo Nacional de la Policía, ha facilitado en gran medida la lucha contra la economía irregular y el empleo clandestino. Los nuevos programas de lucha contra el fraude establecidos por el Ministerio de Empleo e Inmigración, han facilitado un escenario adecuado en la persecución de estas actividades ilícitas.
Sólo en lo que va de año, la Inspección Provincial de Trabajo, ha realizado 1.640 órdenes de servicios, de las que 1.110 han sido visitas a centros de trabajo.
Estas actuaciones han dado como resultado sanciones por causa de distintas infracciones que ascienden a más de 3,2 millones de euros.
La lucha contra la Economía Irregular, y en especial contra el llamado empleo clandestino, es una prioridad absoluta que para Ceuta supone, entre otras cuestiones, que la detección de empleo irregular se convierta en un aumento de las altas en la Seguridad Social y se reduzca, al mismo tiempo, la competencia desleal de quienes producen ese fraude.
Se han realizado, en estos ocho primeros meses del año, 313 visitas conjuntas con el Cuerpo Nacional de la Policía detectándose 390 infracciones en materia de Seguridad Social y Extranjería.
DATOS GLOBALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y EXTRANJERÍA
Año Infracciones
2012 (8 meses) 390
2011 395
2010 305
2009 327
2008 347
2007 371
Sólo en cuanto a la persecución en materia de Extranjería, dato a tener especialmente en cuenta en una ciudad como Ceuta por su carácter fronterizo, la Inspección Provincial de Trabajo ha detectado y tramitado 200 infracciones en los meses del actual ejercicio
DATOS EN MATERIA DE EXTRANJERÍA
Año Infracciones
2012 (8 meses) 200
2011 155
2010 156
2009 155
2008 187
2007 140
La focalización de las actuaciones en la lucha contra el trabajo clandestino ha motivado que hasta la fecha, en lo que transcurre de 2012, se hayan producido estos datos tan positivos en la persecución de las actividades ilegales.
La Delegación del Gobierno se encuentra satisfecha por lo hasta ahora logrado, entendiéndose que el criterio de actuación encomendado a la Inspección de Trabajo hasta este momento, se mantendrá en el tiempo. Y transmite un claro mensaje a organismos, entidades, asociaciones, ciudadanos y formaciones políticas sobre las particulares competencias del Estado en Ceuta, entre las que se encuentra la persecución de este tipo de fraude.
Al mismo tiempo reitera que las puertas de la sede que representa a la Administración General del Estado se encuentran abiertas para todos ellos, especialmente para quienes comparten la preocupación en esta lucha contra la economía irregular en toda su extensión.
La Delegación del Gobierno, que ha activado desde el pasado mes de enero los mecanismos previstos en la Ley, con unos resultados evidentes, insta, no obstante a la colaboración de instituciones, formaciones políticas y ciudadanos en general a denunciar ante los exclusivos órganos estatales competentes, si son conocedores de este tipo de irregularidades.