El Gobierno aprueba un cuarto bloque de medidas para reducir cargas administrativas que permitirá a empresas y ciudadanos un ahorro de 2.000 millones

28/12/2010

Modernización de la administración pública


  • Son 88 actuaciones, en un 70% dirigidas al ámbito empresarial, cuya puesta en marcha va a involucrar a ocho departamentos ministeriales, fundamentalmente Justicia, Economía e Interior
  • Desde 2008, el Gobierno ha aplicado ya 159 iniciativas de reducción de cargas, con un ahorro superior a los 2.300 millones hasta el momento
  
El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, ha presentado hoy en rueda de prensa un nuevo bloque de 88 medidas destinadas a la reducción de las cargas administrativas.
 
El ahorro estimado de este plan de actuación, que fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, es de 1.979 millones de euros, del que se beneficiarán principalmente a las empresas, al reducir el coste de los trámites que tienen que realizar con la administración para su constitución y funcionamiento. Esto les va a permitir destinar estos recursos a actividades productivas, mejorar su competitividad y generar empleo. El plan también se dirige al conjunto de los ciudadanos, que podrán resolver sus asuntos de un modo más fácil, ágil y cómodo.
 
Se trata del cuarto conjunto de iniciativas que el Gobierno pone en marcha desde la aprobación en 2008 del Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas. Este programa fijó como objetivo para el conjunto de las administraciones públicas (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) una reducción del 30% antes de finalizar el año 2012, cinco puntos por encima del objetivo establecido en la Unión Europea. El coste total de las cargas administrativas ha sido estimado por el Banco de España, la Unión Europea y la OCDE en un 4,6% del Producto Interior Bruto, con lo que el recorte previsto significaría un ahorro de en torno a 15.000 millones de euros.
 
Durante 2008 y 2009 el Consejo de Ministros ha aprobado tres acuerdos que han implicado la puesta en marcha de 159 medidas de vía rápida para la reducción de cargas en la Administración General del Estado, con un ahorro estimado de 2.341 millones de euros. En estos momentos el 81% de las iniciativas están ya finalizadas, y el resto se encuentra en ejecución, sin que haya ninguna pendiente de iniciarse.
 
UN 70% DE MEDIDAS PARA LAS EMPRESAS
 
De las 88 medidas aprobadas hoy, alrededor de un 70% están dirigidas a las empresas, aunque hay otro 24% que va tener beneficios tanto en el ámbito económico como para los ciudadanos en general. Así, se eliminan obligaciones innecesarias como pedir datos o documentos que ya tienen en su poder las administraciones, se reducen los plazos de tramitación y se posibilitan las gestiones a través de Internet.
 
La puesta en marcha de estas iniciativas, que se desarrollarán hasta finales de 2012, va a implicar a ocho ministerios, principalmente a Justicia, Economía y Hacienda, Interior y Trabajo e Inmigración, así como a Fomento; Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Industria, Turismo y Comercio; y Sanidad, Política Social e Igualdad.
 
Entre las medidas dirigidas a las empresas, pueden destacarse entre otras las siguientes:
 
Sociedades
 
-          Supresión de la obligación de publicar en prensa escrita los anuncios de actos societarios, como juntas de accionistas, ampliaciones o reducciones de capital.
 
-          Homologación de soportes informáticos para la entrega de determinada documentación, sin necesidad de personarse ante el Registro Mercantil.
 
-          Tramitación electrónica de procedimientos societarios, como cambio de estatutos o separación y exclusión de socios, y supresión de la obligación de publicarlos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
 
Área fiscal y de contratación
 
-          Eliminación de la obligación de emitir una auto-factura, ya que la información queda reflejada en la contabilidad y puede ser verificada.
 
-          Generación de un modelo homogéneo de declaración responsable relativa a la no variación de circunstancias, que sustituye a la entrega de documentación por parte de la empresa.
 
-          Acceso por medios electrónicos de los órganos de contratación al Registro de las Cajas Generales de Depósitos, para agilizar los procedimientos de contratación y que el interesado no esté obligado a remitir los certificados correspondientes.
 
Área laboral
 
-          Las empresas que se creen podrán realizar su inscripción en la Seguridad Social por internet sin necesidad de desplazarse a las oficinas públicas. Esto reducirá el plazo de su constitución y contratación de trabajadores.
 
Transportes
 
-          Hay un bloque muy amplio de medidas en relación con el sector de los transportes. Por ejemplo, la ‘tarjeta de conductor’ para el tacógrafo digital podrá solicitarse por internet y no será necesaria la personación del conductor en las oficinas de la administración.
 
-          Flexibilización de los requisitos de documentación para acreditar el transporte intracomunitario (sustitución de los documentos CMR por otros más simples, como albaranes de entrega de mercancía).
 

PARA LOS CIUDADANOS

 
-          Puesta en marcha de la dirección electrónica vial, a través de la cual se podrán notificar las infracciones de tráfico. Será obligatoria para las personas jurídicas y voluntaria para los ciudadanos. También se podrá recibir información sobre la caducidad del permiso de conducir, el saldo de puntos o cualquier información relativa al vehículo.
 
-          El número de la Seguridad Social podrá obtenerse por internet sin tener que desplazarse a las oficinas de la administración.
 
-          Para agilizar el inicio de los permisos de maternidad y paternidad de los trabajadores, las empresas podrán enviar por internet los informes oportunos, sin que tengan que hacerlo los interesados.
 
-          Las mujeres con una orden de protección por violencia de género que soliciten el subsidio por desempleo no necesitarán presentar un certificado acreditativo del Ministerio de Justicia, sino que serán los servicios públicos de empleo los que tramiten la petición de ese certificado, de forma que el proceso sea más ágil y rápido.