Desde el año 2004, se han puesto en marcha toda una serie de iniciativas para impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España y mejorar la atención a los ciudadanos.

El principal elemento catalizador actual  de la administración electrónica son la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ,que convierten en universal el derecho de los ciudadanos a relacionarse con todas las Administraciones de manera electrónica. Unas leyes para la sociedad del siglo XXI, que promueven una Administración más eficiente, eficaz, más cercana y más transparente. Por ello, desde el punto de vista tecnológico todas las Administraciones están trabajando en su implantación y para ello pueden contar con los materiales y herramientas ,puestas a su disposición por este Ministerio.

Además, se han puesto en marcha un conjunto de soluciones, infraestructuras y servicios comunes  que facilitan la implantación de la administración electrónica en las diferentes Administraciones Públicas siendo algunas de ellas piezas clave recogidas ya en la  Ley 11/2007y ahora en las leyes 39 y 40/2015. Algunos ejemplos especialmente representativos son:

• Red SARA  para la interconexión de todas las Administraciones Públicas.
• Cl@ve y Suite@firma, para la identidad y firma electrónica.
• Plataforma @firma, para la validación y firma electrónica.
• Plataforma de intermediación de datos para la sustitución de los certificados en soporte papel. De este modo, el ciudadano no tendrá que aportar documentos acreditativos de su identidad, residencia, título educativo, catastrales, etc., en los trámites que inicie.
• Suite de Productos relacionados con los registros electrónicos  y la interconexión e intercambio de registros entre Administraciones Públicas.
• Notificaciones electrónicas
• Archivo electrónico

El espectacular avance de la administración electrónica en España no hubiera sido posible sin un completo marco legislativo que ha incidido especialmente en la interoperabilidad entre las Administraciones Públicas  y en la Seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.

La puesta en marcha del Punto de Acceso General (PAG) y de la Carpeta Ciudadana  define un nuevo modelo de atención al ciudadano a través de Internet unificando el acceso a los diferentes servicios provistos por la Administraciones Públicas.

El Observatorio de la Administración Electrónica realiza el seguimiento de la situación de la administración electrónica en España a través de diferentes informes propios y participando en estudios de terceros ofreciendo la información propia como parte de la política RISP del Ministerio.