Beteta recibe al presidente de CSIF para trasladarle que la reforma local supondrá una profesionalización de la gestión municipal

Beteta recibe al presidente de CSIF para trasladarle que la reforma local supondrá una profesionalización de la gestión municipal

12/04/2013

Reforma de las Administraciones Públicas


  • El secretario de Estado de Administraciones Públicas abordó con el dirigente del principal sindicato de la función pública los principales cambios de la reforma local en la función pública
  • Beteta subrayó que todos los empleados públicos cobrarán en 2013 las dos pagas extras y en el futuro se recuperará la suspendida en diciembre de 2012

 

IMÁGENES 

 

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se reunió hoy con el presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, para explicarle los principales cambios de la futura reforma local en la función pública.

Beteta le trasladó que la reforma supondrá una profesionalización de la gestión municipal, ya que se apuesta por funcionarios de carrera, seleccionados de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Igualmente, le comunicó a Borra que todos los empleados públicos cobrarán en 2013 las dos pagas extras y que se abrirá, en su momento, un proceso de diálogo para arbitrar medidas en vista a la recuperación de la segunda paga extra suspendida en 2012.

El secretario de Estado le explicó que la reforma:

• Profesionaliza la gestión local y refuerza los instrumentos de transparencia en relación con la actividad de las entidades locales.

Racionaliza la estructura organizativa de la Administración Local.
• Avanza en el principio de “una Administración, una competencia”, eliminando duplicidades con las competencias estatales y autonómicas.
• Favorece la sostenibilidad para evitar endeudamientos de la administración local que puedan comprometer su futuro.
En cuanto a los empleados públicos:
• Se configuran como el núcleo central del personal servicio de las Entidades Locales. Corresponderá a los funcionarios de carrera el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales.
• El proyecto fortalece la figura de los interventores locales, dotándolos de una mayor imparcialidad a fin de garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.
• Refuerza la posición de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, con asunción de competencias por el Estado, que suponen un avance en la seguridad jurídica de este personal y en la garantía de que puedan desarrollar con objetividad sus funciones.
• El personal directivo deberá tener la condición de funcionario y su selección responderá a los principios de mérito y capacidad.
• Las Leyes de Presupuestos de cada año podrán establecer un límite máximo y mínimo total que, por todos los conceptos retributivos, pueda percibir el personal al servicio de las entidades locales.
El Secretario de Estado recordó que, en relación con la posibilidad contemplada en el Anteproyecto de llevar a cabo posibles traspasos entre distintas administraciones públicas de medios personales, éstos se realizarían con todas las garantías para los empleados públicos afectados, así:
• Se establece los funcionarios que bien por delegación de competencias o bien por un traspaso de servicios, pasaran a prestar servicios en otra administración se integrarían en ella en la situación de servicio activo, quedando respecto a la suya de origen en la situación de servicio en otras Administraciones públicas, conservando todos sus derechos en ella como si se hallaran en servicio activo.
• Respecto al personal laboral, de producirse este traspaso, se subrogará la nueva administración en la posición de la administración de origen, en los términos previstos para estos casos en la legislación laboral vigente.
 

En encuentro se enmarca en el cauce abierto de diálogo entre la Administración y los sindicatos de la función pública. La reforma local, la ley más dialogada de la historia, se encuentra en una fase de estudio de las diferentes alegaciones presentadas por las Comunidades Autónomas, Federaciones de Municipios, Diputaciones, Ayuntamientos, Sindicatos y diversas entidades y organizaciones.