Acuerdo Estado-Junta de Andalucía
para el traspaso de la gestión de la cuenca andaluza del Guadalquivir

12/11/2007

Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado


  • La Junta de Andalucía gestionará las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio 
  • La Comunidad Autónoma ya gestiona las cuencas intracomunitarias andaluzas y los parques nacionales gracias a los acuerdos firmados desde 2004 con la Administración General del Estado
  • Este año Estado y Junta de Andalucía suscribirán 75 convenios de colaboración en distintos ámbitos, que supondrán una aportación financiera por parte del Estado de 424 millones de euros

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La Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado ha acordado hoy en Cazorla (Jaén) los términos del acuerdo del traspaso de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por Andalucía. Este acuerdo permitirá que Andalucía culmine las transferencias de la gestión ambiental de la práctica totalidad de su territorio, tras el traspaso de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada y las cuencas intracomunitarias en 2005 y 2006.

En una reunión presidida por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ambas Administraciones han alcanzado un acuerdo sobre las funciones que cada una de ellas ejercerá en la cuenca del Guadalquivir.

Dicho acuerdo permitirá, tal y como se recoge en el Estatuto de Andalucía, que la Comunidad Autónoma gestione las aguas que transcurren por su territorio y no afectan a otras comunidades autónomas. Un total de 51.900 kilómetros cuadrados –casi el 60 por ciento de la superficie de Andalucía- en los que residen más de 4 millones de andaluces en 398 municipios.

Se cierra así el proceso de traspaso de las cuencas hidrográficas, iniciado en 2005 con la Cuenca Hidrográfica del Sur (actual Cuenca Mediterránea Andaluza), y que continuó en el 2006 con el traspaso de las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico (actual Cuenca Atlántica Andaluza).

Puede resaltarse, asimismo, que el acuerdo respeta las proporcionalidades en cuanto a distribución territorial, peso poblacional y usos del agua de Andalucía en la cuenca del Guadalquivir. Hay que recordar que el 90 por ciento de la superficie de la cuenca, el 97,4% por ciento de la población y el 99,2 por ciento de los usos del agua están en Andalucía.

CLAVES DEL ACUERDO

Desde el punto de vista técnico, el acuerdo se sustenta en ocho grandes puntos, de los que destacan la definición del ámbito de gestión de la Junta de Andalucía y el establecimiento del principio básico de cooperación entre la Comunidad Autónoma y el Estado para el intercambio de información hidrológica y para el cumplimiento de los objetivos ambientales y de gestión de los recursos hídricos fijados por la Directiva Marco de Aguas.

Por lo que respecta a la planificación hidrológica y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Administración del Estado establecerá el Plan Hidrológico del Guadalquivir mientras que la Junta de Andalucía elaborará las propuestas de actuaciones y los programas a incluir en dicha planificación. De esta manera se cumple el principio de unidad de gestión de la cuenca hidrográfica. En este plan, se le asignará a la Junta el volumen de las aguas disponibles correspondientes a la cuenca del Guadalquivir que transcurre por la Comunidad Andaluza, siendo responsabilidad de la Junta otorgar las concesiones de recursos hídricos dentro de su territorio.

Otra de las claves del acuerdo es la gestión de los embalses. En estos momentos, en la cuenca del Guadalquivir se localizan 57 grandes embalses de regulación. Dos de ellos –Fresneda y Montoro- se encuentran en otras comunidades autónomas y otros dos –Jándula y Pintado- tienen afecciones a otras comunidades, por lo que seguirán siendo gestionados por la Administración central del Estado, si bien en el caso de los dos últimos el Estado se coordinará con la Junta en su gestión. En los 53 restantes, que suponen más del 90 por ciento de la capacidad total de embalse de la cuenca, la Junta explotará, conservará y establecerá el régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras hidráulicas asociadas.

Respecto a los órganos de gestión y participación, cada Administración creará los que estime conveniente, de acuerdo con la normativa correspondiente, si bien tanto la Junta como el Estado se obligan a tener representación en los órganos creados por la otra Administración.

Asimismo, la Junta formará parte del consejo de administración de la sociedad estatal de aguas de la cuenca del Guadalquivir (Aquavir), mientras que el Estado presidirá el Comité de Autoridades Competentes que establece la Directiva Marco de Aguas.

Por lo que respecta a las obras hidráulicas, la Junta programará, financiará, construirá y gestionará las obras que sean de su interés en su territorio, mientras que el Estado ejecutará aquellas actuaciones que sean declaradas de interés general o que afecten a otra comunidad autónoma. No obstante, ambas partes podrán colaborar mediante la firma de los oportunos convenios en el desarrollo de estas actuaciones, como de hecho ya está ocurriendo en la Cuenca Atlántica Andaluza y la Cuenca Mediterránea Andaluza.

Por último, y en el ámbito de la protección del dominio público hidráulico, la Junta de Andalucía otorgará las correspondientes autorizaciones de vertido, ejercerá las funciones de policía de aguas y cauces, realizará el deslinde del dominio público hidráulico y aplicará el correspondiente régimen sancionador en su territorio.

DATOS BÁSICOS DEL GUADALQUIVIR ANDALUZ

La cuenca del Guadalquivir, con 51.900 kilómetros cuadrados en Andalucía, es la principal cuenca hidrográfica de la Comunidad Autónoma. Estos 51.900 kilómetros cuadrados suponen el 59,2 por ciento de la superficie total de Andalucía. En esta superficie residen algo más de 4 millones de andaluces - más de la mitad de la población de la Comunidad Autónoma- siendo las principales ciudades de la cuenca Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén. Un total de 398 municipios andaluces se encuentran en la cuenca.

El principal usuario del agua es la agricultura de regadío, que supone en torno al 80 por ciento de la demanda de agua en un total de 648.000 hectáreas de cultivos (dato Inventario regadíos 2002). Le siguen los usos urbanos (aproximadamente el 11 por ciento de la demanda total), los usos industriales y otros usos.

El consumo total de agua es de 3.255 hectómetros cúbicos al año, casi el 58 por ciento del agua que se necesita en toda Andalucía. Para atender estas demandas y considerando el irregular régimen pluviométrico de la cuenca, que intercala periodos secos con periodos húmedos, el Guadalquivir cuenta con un importante sistema de regulación de recursos superficiales. Los recursos subterráneos se concentran en 62 acuíferos en una superficie de 43.439 kilómetros cuadrados. El Guadalquivir también cuenta con 156 humedales en Andalucía, con una superficie de 54.091 hectáreas.

BALANCE DE LAS RELACIONES ESTADO-JUNTA DE ANDALUCÍA

La Comisión ha examinado también el estado actual de las relaciones de colaboración entre las dos Administraciones desde su última reunión, celebrada el pasado 9 de abril.

En el ámbito de la cooperación, la Comisión ha sido informada de la suscripción en lo que va de año 2007 de 75 convenios de colaboración entre la Junta de Andalucía y varios ministerios del Gobierno de España, que han contado con una aportación estatal de 423,9 millones de euros.

En concreto, en el ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se han suscrito 15 convenios, de los que hay que destacar los que se refieren al desarrollo del Plan Avanza y los que contemplan actuaciones encaminadas a la promoción económica alternativa de las zonas mineras del carbón.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha firmado otros 14 convenios, que benefician a mujeres, discapacitados, inmigrantes, jóvenes, voluntariado, familias en situaciones especiales, residencias de mayores, menores extranjeros no acompañados, menores infractores, etc.

De los 10 convenios suscritos con el Ministerio de Educación y Ciencia destacan los relativos a la financiación de libros y material escolar, la mejora de las bibliotecas escolares, la puesta en marcha del programa “Internet en el aula”, la dotación de auxiliares de conversación en lengua extranjera y el desarrollo del Plan PROA (apoyo al alumnado en situación de desventaja asociada al entorno sociocultural).

El Ministerio de Fomento cuenta con un total de 7 convenios, relativos a la ejecución de la conexión de la Autovía A-44 con las carreteras N-331 y A-44, la constitución de un consorcio para la construcción de un auditorio de música en Málaga, la instalación de la Capitanía Marítima en el Puerto de La Garrucha (Almería), o la mejora de los servicios ferroviarios de transporte de viajeros de media distancia.

El Ministerio de Medio Ambiente, por su parte, ha tramitado 6 convenios, dos de los cuales tratan sobre la protección del lince ibérico; otros dos sobre la aplicación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y sobre la coordinación de los programas de investigación, desarrollo e innovación relativos al agua y recursos naturales, en el seno del Programa Ingenio 2010.

Además, Medio Ambiente acordó otro sobre el desarrollo del proyecto ANDARRÍOS (programa de participación ciudadana para la conservación y mejora de los ríos andaluces); y un último convenio para la realización de un proyecto de gestión integrada del litoral, en el marco del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas.

REDUCCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD

En cuanto a la situación de la conflictividad competencial, la Comisión ha constatado una drástica reducción de la misma durante estos últimos años. Así, mientras que las impugnaciones promovidas ante el Tribunal Constitucional durante el período 2000-2004 fueron 38, las suscitadas durante los últimos cuatro años han sido sólo 4.

OTROS TEMAS

La Comisión ha aprobado hoy el Reglamento que regirá su propio funcionamiento, y ha sido informada del desarrollo de otros traspasos, en particular de los traspasos en materia de inmigración (cuya negociación ya se ha iniciado), gestión de becas y ayudas al estudio (negociación que se iniciará en breve).