El delegado del Gobierno de España quiere “ir a la raíz del problema y actuar de la forma más eficaz con los instrumentos legales disponibles”

El delegado del Gobierno de España quiere “ir a la raíz del problema y actuar de la forma más eficaz con los instrumentos legales disponibles”

07/10/2020

Segunda reunión de la Comisión Regional Contra la Ocupación Ilegal de Inmuebles con asistencia del fiscal superior regional y los cinco fiscales jefes provinciales de la región

- La ocupación ilegal de inmuebles tiene una incidencia muy desigual en las provincias de Castilla-La Mancha
- El 90% de los inmuebles ocupados son propiedad de bancos o fondos de inversión
- La Comisión Regional, primera de esas características, se constituyó el pasado 23 de septiembre con la representación de los jefes de la Policía Nacional y Guardia Civil en Castilla-La Mancha


Toledo, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha presidido hoy la segunda reunión de la Comisión Regional Contra la Ocupación Ilegal de Inmuebles, a la que han sido invitados el fiscal superior de la región, José Martínez Jiménez, y los cinco fiscales jefes de las provincias.

Tierraseca ha manifestado que “el objetivo de esta Comisión es eminentemente operativo, queremos ir a la raíz del problema y queremos actuar de la forma más eficaz con los instrumentos legales que tenemos a nuestra disposición”.

Por ello, ha destacado que hoy participan en la reunión los máximos representantes del Ministerio Fiscal en nuestra Comunidad Autónoma y ha recordado la importancia de la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que homogeniza e informa todas las actuaciones que en este caso tienen que realizar tanto Policía Nacional como Guardia Civil, y “la Instrucción de la Fiscalía General del Estado, que hoy, con la presencia de los máximos representantes de la Fiscalía en nuestra región, trasladarán sus impresiones y actuaciones en este sentido”.

En la primera reunión de la Comisión regional contra la ocupación, el delegado del Gobierno trasladó a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la necesidad de cuantificar y estudiar las características de las ocupaciones ilegales de inmuebles en Castilla-La Mancha y, en este sentido, ha señalado que “hoy podemos tener una primera radiografía, detallando que se trata de una problemática muy desigual en la región, siendo Toledo la provincia más afectada, seguida de Guadalajara y, en mucha menor medida, las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca”.

Así mismo, otra característica es que “más del 90% de las viviendas ocupadas son propiedad de bancos o fondos de inversiones” y, además, solamente el 15% de los propietarios de los inmuebles ocupados han formalizado una denuncia o han manifestado su oposición a esa ocupación ilegal de viviendas.

Otro objetivo de esta Comisión regional es centrar la realidad de la ocupación ilegal en Castilla-La Mancha, dejando claro que “la problemática de la ocupación ilegal en la región no es que una persona baja a comprar una barra de pan y cuando regresa se encuentra ocupada su vivienda, sino que la realidad es bien distinta”.

El delegado del Gobierno ha expresado su determinación en “seguir colaborando entre todas las administraciones para dar una solución eficaz, lo más rápida posible y sobre todo, en el ámbito que nos compete, en el cumplimiento de la Ley” y ha reiterado su agradecimiento al fiscal superior de Castilla-La Mancha por asistir a la reunión de hoy, junto con los fiscales jefes de las provincias.

Por su parte, el fiscal superior, José Martínez, ha mostrado la importancia de participar en la segunda reunión de la Comisión Regional Contra la Ocupación Ilegal de Inmuebles y ha felicitado al delegado del Gobierno por lo que ha calificado como “magnífica idea porque el trabajo en equipo siempre es más eficaz y permite una respuesta que pueda ser valorada por los ciudadanos como eficaz y que resuelva sus problemas”.

Tanto el delegado del Gobierno como el fiscal superior han destacado la necesidad de denunciar lo más rápido posible cuando se produzca una ocupación ilegal para resolver la situación con la mayor celeridad.